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Carrillo aseveró que no pueden permitir que se repita la historia de la Unión Patriótica.

Carrillo aseveró que no pueden permitir que se repita la historia de la Unión Patriótica. | Foto: @jerojasrodrigue

Publicado 8 junio 2017

Dirigentes sociales de ciudades al suroeste de Cali y al norte de Cartagena también han sido amenazados públicamente, posiblemente por grupos paramilitares. 

El procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, pidió este jueves implementar un programa que garantice la protección y seguridad de los líderes sociales, ante el incremento de asesinatos.

En declaraciones emitidas al diario local El Espectador, Carrillo comentó que están absolutamente consternados y no pueden permitir que se repita la historia de la Unión Patriótica. “No hay que aguantar el asesinato de un líder más", afirmó.

Recordó los cerca de cinco mil funcionarios políticos y simpatizantes del partido de izquierda Unión Patriótica, quienes fueron asesinados hace diez años por parte del Estado en connivencia con la derecha. Agregó que el Estado colombiano debió reconocer su culpabilidad y pedir perdón en el 2016. 
 
La noche de este miércoles fue asesinado en el norte de Colombia, el líder social Bernardo Cuero Bravo, quien era líder de la Mesa Departamental de Víctimas de Atlántico (norte) y fiscal de la Asociación Nacional de Afrodescendientes (Afrodes).

Carrillo indicó que el asesinato de Bernardo es "la prueba de fuego del proceso de paz", que espera sea "combinada, seria y pragmática".
 
En el transcurso de 2017 se han registrado 12 muertes de jóvenes afrocolombianos en Bogotá y en el municipio Soacha (vecino a la capital del país). Además, más de seis mil personas de tez negra han sido desplazadas del Pacífico colombiano al suroeste de país, después de la firma del acuerdo final de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), según Afrodes.
 
El procurador explicó que se busca presentar un breve proyecto de ley que apoye a los líderes sociales para acabar con los delitos de organizaciones criminales que desean controlar las tierras dejadas por la FARC-EP, "hasta el momento el Gobierno nacional adopte medidas de seguridad y protección y se investiguen los asesinatos".


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