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El Gobierno ha contribuido a esa campaña de estigmatización y de amenazas permanentes contra las autoridades locales.

El Gobierno ha contribuido a esa campaña de estigmatización y de amenazas permanentes contra las autoridades locales. | Foto: eltiempo.com

Publicado 25 octubre 2017





Hasta ahora, en el país hay pendiente 44 consultas populares, casi todas convocadas contra proyectos minero-energéticos.

Nueve consultas populares en menos de un año se han realizado en Colombia y en todas ellas ha ganado el "no" en contra de la explotación minera en las tierras.

Al menos 44 iniciativas más estarían en carpetas, lo que evidencia cómo el Gobierno de Juan Manuel Santos ha puesto obstáculos para evitar que se realicen futuros mecanismos de participación ciudadana.

Entre las poblaciones que han realizado las consultas populares relacionadas con los sectores como la minería e hidrocarburos son: Cabrera y Arbeláez (Cundinamarca), Cajamarca (Tolima), Cumaral (Meta), Pijao (Quindío) y Pasca (Cundinamarca), entre otros.

La ambientalista colombiana Tatiana Roa Avendaño, coordinadora de la Asociación Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo (Censat) en la localidad de Agua Viva, manifestó en una oportunidad que las consultas no han sido fáciles en su país.

"Las consultas populares han sido una lucha desde que se hizo la primera. Se han tenido que enfrentar a las demandas, tutelas e intimidación. Después de las consultas populares de Piedras y Tauramena hubo amenazas a los alcaldes y concejales de destitución y proceso de investigación por parte de la Contraloría y Gobierno nacional", sostuvo Roa.

A su juicio, el Gobierno ha contribuido a esa campaña de estigmatización y de amenazas permanentes contra las autoridades locales.

La Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC) envió una carta al Ejecutivo colombiano para expresar su preocupación por las amenazas recurrentes recibidas por organizaciones defensoras del ambiente y los derechos humanos en el Departamento de Tolima.

En la misiva solicitaron protección, incluyendo las medidas de seguridad necesarias para las defensoras y los defensores ambientales y de derechos humanos y de esta manera realizar su trabajo sin acoso, hostigamiento, amenazas o interferencias de ningún tipo.

En la actualidad hay herramientas jurídicas como la Ley 136 de 1994, relacionadas con los proyectos mineros, para los municipios que buscan organizar una consulta popular, recordó la abogada y economista Diana Rodríguez del centro DeJusticia.

Gobierno colombiano pondrá "orden" a las consultas

A través de los cabildos abiertos, en los que tanto promotores como eventuales afectados podrán exponer sus argumentos, el Gobierno pretende ponerles orden a las consultas populares.

La recolección de firmas o la convocatoria por los órganos legislativos locales, en el caso de las consultas, no es el único requisito para realizar las votaciones.

En defensa del derecho del ciudadano a decidir con plena información, el convocante tendría la obligación de exponer información verificable sobre sus razones. Así se trataría de evitar que, como ha sucedido, la ciudadanía decida más por discursos que por hechos verificados. 

El incumplimiento de esa obligación podría constituir una razón para demandar la consulta ante la jurisdicción administrativa respectiva.

En el momento de la inscripción de la iniciativa se activa la convocatoria a un cabildo amplio, en el cual el convocante deberá explicar sus argumentos y razones para acudir al mecanismo. De la misma manera, los eventuales afectados podrían ejercer su defensa ante los ciudadanos de la jurisdicción. 

Medios locales aseguran que las consultas contra la minería y el petróleo no serán financiadas más con recursos del Gobierno y para llevarse a cabo tendrán que hacerse con dinero del municipio o el departamento que decida realizarlas. Incluso, la decisión abarca en general a los mecanismos de participación ciudadana, incluyendo revocatorias de mandatarios regionales.

Consultas populares

La consulta popular, permitida por la Constitución de Colombia, preguntó a los habitantes de la comunidad si estaban de acuerdo o no ejecutar proyectos y actividades mineras.

Con su voto en contra, la comunidad también expresó su rechazo ante las violaciones a los derechos al agua, a la vivienda, a la salud y a un medio ambiente adecuado que la construcción minas ponía en juego, al arrasar las tierras de las que los campesinos y pequeños propietarios que dependen para sus medios de subsistencia.

Las organizaciones y movimientos sociales involucrados en la consulta rechazan por ello las declaraciones del gobierno y de Anglogold Ashanti (empresa minera) que, supuestamente y bajo su punto de vista, buscan desconocer los resultados del Mecanismo Constitucional de Participación.

Asimismo, exigen el cumplimiento irrestricto de la decisión popular que deberá materializarse en la expedición del acuerdo municipal que prohíba la realización de la minería o hidrocarburos en las comunidades.


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