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Los ciudadanos que organicen, sostengan e instiguen a actividades públicas pueden ser penados con cinco años de cárcel

Los ciudadanos que organicen, sostengan e instiguen a actividades públicas pueden ser penados con cinco años de cárcel | Foto: @NestorReverol

Publicado 27 julio 2017

Los ministerios de Relaciones Interiores y de Defensa prohibirán a partir del viernes el porte de armas de fuego y la venta de bebidas alcohólicas hasta el próximo martes. 

Al menos 146.000 funcionarios policiales, tanto nacionales como estadales, así como bomberos y del cuerpo de investigaciones, se desplegarán en un plan especial de patrullaje para garantizar la seguridad en los comicios a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el 30 de julio en Venezuela.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, precisó que el plan especial tiene varios componentes, uno de ellos es el de inteligencia y de reacción, que permitirá atender "cualquier incidencia que se presente antes, durante y después de los comicios".

Reverol informó que el Gobierno dispondrá a escala nacional de 96 lugares para procesar denuncias sobre delitos electorales que se puedan presentar este domingo, los cuales contarán con la participación de 672 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de los departamentos de investigaciones penales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Medidas de protección

Una resolución conjunta entre los despachos de Relaciones Interiores y de Defensa que saldrá en las próximas horas, contendrá la suspensión del porte de armas de fuego y se prohibirá desde este viernes hasta el martes el expendio y distribución de bebidas alcohólicas y venta de artefacto pirotécnicos.

Además, quedaron prohibidas en toda Venezuela las reuniones públicas, concentración de personas o cualquier otro hecho similar que pueda perturbar el desarrollo del proceso electoral, así como el traslado y transporte de maquinaria pesada que pueda interrumpir la transmisión de resultados.

Reverol anunció que los ciudadanos que organicen, sostengan e instiguen a actividades para perturbar la organización y funcionamiento del servicio electoral pueden ser penados con cinco o diez años de prisión.

También se prohíbe la comercialización, al mayor y detal de artefactos pirotécnicos. Se prevé prorrogar esta medida por 90 días. 


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