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A un año de la represión en Nochixtlán, nada se sabe de la investigación a cargo de la Procuraduría General mexicana.
El 19 de junio de 2016, ocho personas murieron y 108 resultaron heridas en el municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca (México), tras ser reprimidas por las fuerzas de seguridad.
A un año del hecho, la Procuraduría General de la República (PGR) solamente investiga el robo de equipo y agresiones en contra de elementos de la Policía Federal (PF), los daños causados a dos instalaciones de la Federación, así como a dos helicópteros. Pero, por los homicidios no hay ningún expediente abierto.
De acuerdo con documentos de la PGR y del Congreso de la Unión consultados por el diario mexicano Excélsior, por estos actos sólo están abiertas seis carpetas de investigación de las 52 que integraron la Federación y el gobierno de Oaxaca.
Pobladores de #Nochixtlan #México han decidido mantener vestigios de la represión del Estado (19JUN16) en memoria de sus 8 muertos pic.twitter.com/ZrfcqWtrxc
— Eduardo Martinez (@EduardomteleSUR) 18 de junio de 2017
“La PGR realizará una investigación integral de tales sucesos con profesionalismo, con eficiencia y con eficacia, hasta esclarecer lo ocurrido y procederemos, en su momento, conforme a derecho contra quienes resulten probables responsables”, dijo Gilberto Higuera Bernal, titular de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo el 6 de julio de 2016, al anunciar que la PGR atraía las investigaciones, con fundamento en el artículo 20 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La información consultada por Excélsior menciona que a un año del enfrentamiento entre pobladores de Nochixtlán y elementos de las policías federales y estatales de Oaxaca, no hay detenidos.
Los homicidios siguen impunes. Incluso, documentos de la PGR indican que no es investigado ningún elemento de seguridad por los incidentes.
Pobladores de #Nochixtlan #México califican represión del 19 de junio de 2016 como un crimen de lesa humanidad pic.twitter.com/wzCspcmBdM
— Eduardo Martinez (@EduardomteleSUR) 18 de junio de 2017
Por las seis carpetas que aún continúan abiertas, el Gobierno federal ha efectuado 124 diligencias, movilizó a 198 peritos y ministerios públicos y ha tomado 591 declaraciones ministeriales, labores insuficientes para determinar quién ordenó el operativo y por qué motivos, así como para conocer quiénes son las personas que dispararon y provocaron la muerte de ocho civiles.
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