PGR de México: siguen prófugos 40 involucrados en caso Iguala

La Procuraduría General de la República (PGR) de México informó el martes que faltan por ser detenidos 40 presuntos participantes en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En la investigación del caso Iguala, el Ministerio Público Federal ha generado 168 órdenes de aprehensión y al menos 128 inculpados ya han sido detenidos.

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Pese a las constantes inconsistencias de la PGR, el organismo mexicano aseguró que la prioridad es “mantener una línea de investigación amplia que contemple todas las pesquisas al respecto", así como el “fortalecimiento de las acciones de búsqueda” de los jóvenes.

Las 40 órdenes de aprehensión solicitadas incluyen cargos por el caso Iguala y también por la comisión de ilícitos como delincuencia organizada y delitos contra la salud en vinculación con el cártel que dirigía Sidronio Casarrubias Salgado, líder de “Guerreros Unidos”.

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El organismo emitió un comunicado al cumplirse dos años de la desaparición de los normalistas, sin que aún haya certeza sobre lo ocurrido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

En contexto

El pasado 26 de septiembre de 2014, un grupo de alumnos de la escuela rural de Ayotzinapa tomaron varios autobuses comerciales para viajar a una manifestación en la ciudad de México. Según la declaración de los miembros del cártel Guerreros Unidos, integrantes de esta célula delictiva, incitados por la policía local, emboscaron a los estudiantes y posiblemente los confundieron con miembros de un cártel rival.

Algunos estudiantes fueron asesinados con armas de fuego, otros escaparon y 43 fueron secuestrados y, según se afirma, ejecutados. Los miembros del cártel indicaron que incineraron los cuerpos en un basurero municipal, en las afueras del pueblo de Cocula.

Seis semanas más tarde, los investigadores federales anunciaron que encontraron bolsas con restos humanos, convertidos en cenizas, tanto en el basurero como en un río cercano.

Dos años después del secuestro y asesinato de los estudiantes no hay condena judicial ni tampoco consenso. La herida abierta aquella noche del 26 al 27 de septiembre aún está lejos de cerrarse. Los padres de las víctimas rechazan la versión oficial