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Los capturados son sospechosos de sobornos (Foto:AP)

Los capturados son sospechosos de sobornos (Foto:AP) | Foto: AP

Publicado 11 noviembre 2014



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En nueva operación anticorrupción que busca revelar hechos de sobornos que involucra a funcionarios políticos del partido del Gobierno y empresas privadas, la guardia civil requisó varias instituciones de la administración en comunidades autónomas.

Al menos 32 personas fueron detenidas durante una macrooperación contra un grupo de sospechosos vinculados a pagos de sobornos por contratos públicos ilícitos, un nuevo escándalo que no dejó por afuera a políticos de Partido Popular (PP, gobernante). 

La operación realizada bajo el nombre “enredadera” tenía como objetivo desmontar una presunta "organización criminal dedicada a la obtención fraudulenta de contratos públicos", informó la guardia civil en un comunicado.

“Estos funcionarios amañaban los procedimientos de adjudicación de contratos y no ejecutaban las prestaciones a las que se comprometían las adjudicatarias”, añadieron fuentes de la guardia civil. 

Entre los detenidos figuran funcionarios políticos del PP, y la Coalición Canaria. Desde hace semanas, el presidente español, Mariano Rajoy, líder del PP, se  ve envuelto en un escándalo de corrupción luego de que el exsecretario Francisco Granados resultara implicado en adjudicación ilícita de contratos y comisión. 

Instituciones de la administración pública, empresas y domicilios en trece provincias, principalmente en Andalucía (sur). También en Madrid, Barcelona, Valencia e incluso en el archipiélago de las Canarias también se ven envuelta en el escándalo.

"Hasta este momento se ha detenido a 32 personas", un tercio de ellas en la ciudad andaluza de Sevilla, declaró un portavoz de la Unidad Central Operativa, luego precisó que algunos fueron puestos en libertad tras prestar declaración y ninguno debía pasar a disposición judicial antes del jueves.

Esta es la segunda macrooperación anticorrupción, tras la Operación Púnica que aún investiga casos de pagos por 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales. Al menos 50 personas están en la cárcel, entre ellas alcaldes, empresarios y políticos.


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