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Este miércoles alrededor de dos mil personas se acercaron a las afueras de la sede de la presidencia de Brasil para rechazar la designación de Lula da Silva como ministro de Casa Civil.
Más temprano, la oposición brasileña presentó una demanda ante un tribunal de Brasilia (capital) para exigir que se derogue el nombramiento del líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luis Inácio Lula da Silva, como el nuevo ministro de la Casa Civil.
La demanda fue presentada por los partidos Popular Socialista (PPS), la Social Democracia Brasileña (PSDB) y Demócratas (DEM), que aseguran que la designación de Lula responde “al aprovechamiento de poderes de la actual presidenta del país”.
El jefe del grupo del PPS en la Cámara de Diputados, Rubens Bueno, dijo que existe un intento de obstruir a la justicia caracterizada por un desvío de finalidad. "El único objetivo de esa maniobra es garantizarle a Lula un foro privilegiado", expresó uno de los principales opositores del país.
Sin embargo, el nuevo cargo que asumirá el expresidente brasileño no cambia el rumbo de las investigaciones en su contra por el caso de Petrobras.
El proceso pasará a manos de la Corte Suprema, mientras que el Tribunal Federal será el encargado de procesar cualquier tipo de juicio en caso de que la justicia acuse a Lula por hechos que han sido repudiados por él mismo.
El profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), Pedro Serrano, explicó a la BBC que "judicialmente es peor para él (Lula da Silva), porque después de la decisión del Tribunal Supremo Federal, no podría apelar su sentencia, porque la decisión de esta corte es definitiva".
En la demanda también acusan a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, por supuestamente "usar su prerrogativa de escoger libremente a los miembros de su Gobierno".
Los opositores al Gobierno afirman que Lula no puede asumir ese cargo por ser investigado en varios procesos judiciales que incluyen enriquecimiento ilícito y blanqueo de dinero, acusaciones que han sido rechazadas por el exmandatario en varias oportunidades.
>> Los objetivos ocultos de la acusación contra Lula da Silva
Desde hace varios meses la Fiscalía de Brasil respalda procesos judiciales para evitar que Lula da Silva presente su candidatura en las próximas elecciones presidenciales de 2018.
Entre los ataques contra el líder del PT, se encuentra una detención arbitraria por parte de la Policía Federal para que él mismo fuera interrogado por el caso de corrupción de Petrobas, sin pruebas contundentes en su contra.
Desde que salió a la luz pública el caso de corrupción en Petrobras, la oposición brasileña pretende vincular a la presidenta Dilma Rousseff y a los miembros del Partido de los Trabajadores (PT) en el caso para solicitar su destitución.
