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Las negociaciones comenzarán después de que el Parlamento vote las nuevas reformas exigidas por la troika.

Las negociaciones comenzarán después de que el Parlamento vote las nuevas reformas exigidas por la troika. | Foto: EFE

Publicado 21 julio 2015



Según el Gobierno heleno, existe conciencia del mal acuerdo y sus consecuencias negativas.

La vocera del Gobierno griego, Olga Gerovasili, anunció este martes que las negociaciones con los acreedores internacionales para obtener el tercer “rescate” financiero por 86 mil millones de euros podrían concluir en un mes.

A través de un comunicado, la portavoz precisó que las conversaciones con los prestamistas (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) empezarán luego de la votación que realizará este miércoles el Parlamento sobre un nuevo conjunto de reformas exigidas por la troika.

Lea también: Bancos griegos reanudan actividad con limitaciones

Agregó que el 20 de agosto será la fecha final para cerrar el rescate, que incluye exigencias de austeridad y recortes sociales al país heleno, las cuales, según diversos analistas y sectores del país, podrían empeorar la crisis humanitaria de la nación europea.

De acuerdo con la vocera, que recién asumió su cargo como parte de una remodelación del Gabinete, existe conciencia del mal acuerdo y sus consecuencias negativas, pero se planea adoptar a la vez medidas compensatorias para minimizar el impacto en las clases media y baja de la sociedad.

En contexto:
El Gobierno griego y el Eurogrupo lograron un acuerdo sobre el tercer programa de “rescate” que incluye la creación de un fondo de privatizaciones por 50 mil millones de euros (55 mil millones de dólares), además de la implementación de numerosas reformas que someten a la nación helena a recortes en el gasto social y mercado laboral, medidas que condena el pueblo griego.
El Ejecutivo de Alexis Tsipras envió hoy al Parlamento la ley para cumplir las exigencias de los acreedores, y se espera que mañana los legisladores voten al respecto.
A partir de esa normativa se incorpora a la legislación griega las normas de la Unión Europea sobre apoyo a los bancos quebrados, aprobadas tras la crisis financiera de 2008 y destinadas a proteger a los contribuyentes del riesgo de tener que rescatar a entidades en problemas.

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