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El caso Ayotzinapa ha sido uno de los más sonados en los últimos diez años.

El caso Ayotzinapa ha sido uno de los más sonados en los últimos diez años. | Foto: EFE (Archivo)

Publicado 19 noviembre 2015



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Las desapariciones se han convertido en un crimen común en México, al tiempo que el Gobierno ha hecho recortes continuos en materia de búsqueda de las víctimas en ese país. 

El presupuesto destinado a la búsqueda de víctimas en México para 2016, fue recortado en un 30 por ciento, por lo que movimientos sociales han rechazado la medida. 

Los integrantes de Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos. integrado por 40 organizaciones sociales, le han exigido al presidente de México, Enrique Peña Nieto celeridad para presentar Ley General de Personas Desaparecidas, además de sumarlos a discusión del documento en el Congreso de la Nación. 

El movimiento consideró que el recorte “es una muestra de desinterés de quienes tienen en sus manos poner fin a la impunidad y a la incertidumbre de las víctimas”. 

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EL DATO

De acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, Chiapas y la capital de México, concentran los niveles de violencia más alto en el país.

A su juicio el Estado mexicano desconoce con esta medida la magnitud de la problemática de las desapariciones en ese país. 

Los recursos para la búsqueda de las víctimas “se ha disminuido” desde que se creó la  Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), según Ximena Antillón, de Fundar Centro de Análisis e Investigación.

Antillón aseguró que en 2014 apenas se destinaron 40.2 millones de pesos (aproximadamente 667 mil dólares) pero, al siguiente año la reducción se ubicó en un 60 por ciento y, para 2016 está planteado el recorte de 30 por ciento, lo que significa solo 28 millones de pesos (aproximadamente 464 mil dólares). 

Por otra parte, organizaciones como El Solecito de Veracruz, denuncian que la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas se niegan a recibir nuevas denuncias además de la poca preparación de los agentes del Ministerio “que solo han logrado un 10 por ciento de éxito” en los casos. 

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En ese sentido, alegan que la legislación será la única manera de asegurar una respuesta rápida en las búsqueda de sus familiares. 

Los movimientos sociales exigen que la ley dé prioridad a la búsqueda de las víctimas con enfoque punitivo, creación de una fiscalía independiente con un presupuesto acorde y personal calificado; tipificación de los delitos de desaparición forzada, reconocimiento del problema y el tratamiento desde un enfoque jurídico, forense y psicosocial con perspectiva de género y derechos humanos. 

 

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En contexto 

Las desapariciones forzadas forman parte de una problemática política y social en México desde hace varios años. 
Desde 2013, el promedio de personas desaparecidas se ubica en más de 11 porcentuales, siendo los hombres más afectados por este crimen. 
La desaparición de 43 estudiantes normalistas en el Estado de Guerrero en septiembre 2013, ha sido el caso más controversial en los últimos diez años, debido a que lo han calificado como un crimen de Estado, por haber estado involucrado el exgobernante de dicha entidad Ángel Aguirre Rivero. 
Familiares de las víctimas de la escuela normalista, han denunciado que a más de un año de haber ocurrido la desaparición, el Estado mexicano no le ha proporcionado respuestas al respecto. 

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