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En teoría, hace casi 200 años fue abolida la esclavitud en México, sin embargo, en la actualidad más de dos millones de personas aún son víctimas de este tipo de prácticas ya que el 90 por ciento de los jornaleros agrícolas no poseen contrato laboral, es decir son informales que los obligan a trabajar 15 horas (casi el doble de la jornada permitida).
Un jornalero o peón es una persona que trabaja a cambio de un jornal o pago por día de trabajo como aquellos trabajadores agrícolas que no tienen posesión de tierras.
Aunado a ello, ocho de cada 10 no pueden acudir al médico en caso de enfermedades y accidentes, por no tener prestaciones ni seguridad social, lo que ha generado una cifra de mortalidad de al menos 40 niños en los campos agrícolas desde 2007 al presente año y un sinfín de accidentes y enfermedades entre adultos.
Los menores de edad sufren de accidentes laborales, atropellos, picaduras de insectos, desnutrición y falta de atención médica.
Un informe de la Red de Jornaleros Internos indica que estos abusos y prácticas de semiesclavitud ocurren en 18 estados del país mexicano y el 60 por ciento de los más de 2 millones de trabajadores son indígenas provenientes de las entidades con mayor pobreza del país, como Guerrero y Oaxaca.
El informe recalca que desde Baja California, Sinaloa y Sonora hasta Nayarit se registran casos de jornaleros que laboran en campos o fincas propiedad de empresas nacionales y extranjeras donde los someten a estas condiciones de semiesclavitud y que son avaladas por funcionarios públicos.
La Red de jornaleros está integrada por el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales; Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan; Enlace, Comunicación y Capacitación, entre otros gremios, quienes rechazan el acto de represión contra los jornaleros que manifestaron en el Valle de San Quitín.
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