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Mexicanos rechazaron este martes que el Gobierno de este país tenga acceso a toda la información de los celulares que ha sido guardada por las empresas de telefonía hasta por dos años, por considerar que pondría en peligro su seguridad.
El corresponsal de teleSUR en México, Fernando Camacho, dijo que ante la posibilidad de que el Estado pueda obtener información de los más de 80 millones de celulares que hay en la nación, la población se ha mostrado con temor e inquietud.
En una encuesta realizada en Ciudad de México, varios opinaron que el espionaje lejos de garantizar la seguridad de todos, podría generar más problemas.
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Erik Jesús, un microempresario, expresó no estar de acuerdo con la medida porque los datos podría ser usados para cualquier cosa, como la extorsión, e incluso ser vendidos a empresas.
Asimismo, la comerciante Perla Fuentes indicó que rechaza el espionaje "porque ya es suficiente con las cámaras que vigilan los movimientos de cualquier personas".
En tanto, Carlos Brito, miembro de la Red de Defensa de los Derechos Digitales (Conocida como R3D), subrayó "que hay que prestarle atención al trasfondo del asunto porque se trata de una radiografía completa de toda la información que se ha compartido vía telefónica".
La acción de obtener datos como origen, destino, fecha, hora y duración de todas las comunicaciones, es completamente legal gracias a la Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión, que entró en vigencia en el año 2014.
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La R3D interpuso un amparo contra la legislación por considerar que viola el derecho a la protección de datos personales y este miércoles le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutir la constitucionalidad del cuerpo normativo.
El Gobierno mexicano justificó que la acción se realiza por seguridad.
No obstante, Luis Fernando García, miembro también de R3D, dijo que es necesario que se prohíba el espionaje a metadatos de los celulares porque "no ayuda a la seguridad, sino que podría contribuir a vulnerarla".
Algo similar opinó Vidulfo Rosales, abogado del movimiento conformado por los padres de los de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quien señaló que esta acción es un arma de doble filo para los movimientos sociales. "Pueden tratar de desprestigiarnos", dijo.
La ley además permite que el Gobierno continúe gastando millones de dólares en espionaje.
Investigaciones periodísticas revelan que México es el país que más paga por obtener información telefónica, de hecho, hace unos años se pagó 5 millones y medios de dólares a una compañía italiana por esta tarea.
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