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La senadora aseguró que el pedido es una violación del estado de derecho que, además, busca provocar daño personal y político a los opositores del Gobierno.

La senadora aseguró que el pedido es una violación del estado de derecho que, además, busca provocar daño personal y político a los opositores del Gobierno. | Foto: Reuters

Publicado 8 diciembre 2017

De acuerdo a la Constitución argentina, el desafuero de la expresidenta debe ser aprobado por dos tercios de la Cámara Alta del Congreso del país.

La Constitución de Argentina establece que el pedido de desafuero de Cristina de Kirchner, ordenado este jueves por el juez Claudio Bonadio, tiene un plazo de 60 días para ser tratado una Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso de la Nación y, posteriormente, un plazo de 180 días para ser tratado por la Cámara de Senadores. 

Como el pedido de desafuero fue realizado en medio del proceso de la renovación de legisladores de la Cámara, todavía no están constituidas ninguna de las comisiones. Es decir, primero deben designarse las nuevas autoridades para poder proceder con la solicitud. 

Según ordenanza constitucional, una vez sea atendida la solicitud por esta comisión, le tocará el turno al pleno del Senado de decidir. Se necesitan dos tercios de los votos, es decir, 48 votos o menos, dependiendo de las ausencias y abstenciones, para aprobar el pedido. 

Es decir, el futuro de la expresidenta quedará en manos de los nuevos senadores de la Cámara Alta, compuesta a partir del 10 de diciembre por 25 senadores del bloque peronista Argentina Federal, 25 senadores del bloque oficialista y ocho senadores de su propio partido.

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Por su parte, el presidente provisional del Senado y senador macrista, Federico Pinedo, declaró que el caso "corresponde estudiarlo con seriedad y fijar una posición no partidista sino institucional". 

"Cuando entre el pedido de desafuero lo analizaremos con seriedad y responsabilidad. No se trata de hacer política partidista sino de que funcionen las instituciones bien. Ese es el cambio", declaró Pinedo.

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Después de anunciada la causa, la dirigente expresó que la solicitud se trata de "una causa inventada sobre hechos que no existieron". Señaló que la intención de Macri es "callar" a la oposición y evitar su presencia en el Congreso, en especial en el contexto de recortes sociales y reformas económicas que impulsa el derechista.


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