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La fiscalía de Washington DC presentó el pasado martes una serie de cargos adicionales por delitos graves y menores contra más de 200 personas que fueron detenidas durante las manifestaciones del pasado 20 de enero cuando Donald Trump ascendió al poder.
La acusación tiene que ver con una interpretación amplia de la Ley Federal antidisturbios que podría permitir que aquellas personas que participen en una reunión política se conviertan en culpables de cualquier daño a la propiedad privada durante el tiempo que dure la protesta.
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Si bien la mayoría de los apresados ya tenían cargos por delitos graves de disturbios, ahora nuevos cargos se han sumado: incitación a los disturbios, conspiración para los disturbios y el delito de destrucción a la propiedad.
Al respecto, el grupo de apoyo legal Defend J20 Resistance afirmó que las nuevas imputaciones indican que los manifestantes podrían encarar hasta 75 años de cárcel.
Defend J20 resistence sostiene que desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, las autoridades de Washington DC se han encargado de enviar un mensaje al movimiento de resistencia dejando claro que todas las personas detenidas durante protestas serán acusadas de delitos graves.
El grupo de apoyo ha dicho que esta táctica del Estado de acusar a los manifestantes de cargos alarmantes ya fue utilizada en otras ocasiones.
