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Publicado 27 mayo 2016

En el primer veredicto fueron inculpados 18 personas por participar en el Plan Cóndor.

La vocera principal de la organización humanitaria argentina Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, aseguró este viernes que la perseverancia fue vital para hacer justicia  por los delitos del Plan Cóndor de las dictaduras del Cono Sur.

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Este viernes la justicia argentina inculpó a 18 personas de participar en el Plan Cóndor, la cooperación entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, para perseguir y asesinar a movimientos de izquierda en las décadas de 1970 y 1980. 

Cortiñas, que junto a otras de las integrantes de la organización acudieron a la última audiencia del proceso, en Buenos Aires, dijo que "lamentamos que faltan muchas madres y padres que han muerto en esa búsqueda y también han muerto represores que hoy no podrán ser sentados en el banquillo de los acusados".

Entre los condenados destaca la sentencia de Reynaldo Bignone (1982-1983), de 88 años de edad, a 20 años de prisión y la del general retirado Santiago Omar Riveros, de 92, que recibió 25 años. Los exmilitares fueron juzgados por asociación ilícita y secuestros. 

>> Cinco preguntas para entender qué fue el Plan Cóndor

El dato: Bignone y Riveros ya habían sido condenados por otras causa. Las sentencias se conocieron luego de un dilatado juicio histórico, el primero en Latinoamérica. 

La representante de la organización también dijo que "hoy se recordó a la gente que llegó a Argentina para salvar su vida" huyendo de la represión de sus países "y acá encontró ese destino", en referencia a la desaparición y la muerte de las víctimas del plan. 

Plan Cóndor, un sistema criminal 

Este plan se aplicó como un sistema criminal de represión en las dictaduras del Cono Sur durante los años 70 y 80. En la causa abierta a fines de la década de 1990 y que llegó a juicio en 2013, se abordó el caso de 105 víctimas, de los cuales 45 eran uruguayos, 22 chilenos, 13 paraguayos, 11 bolivianos y 14 argentinos.

Henry Kissinger, jefe de la diplomacia de Estados Unidos, veía en las dictaduras sudamericanas un freno al avance del socialismo en el contexto de la Guerra Fría.

El papel de Kissinger en el plan se reveló en una correspondencia a un ministro argentino en la que destacaba "la necesidad de maximizar los esfuerzos contra el marxismo" (...) "Si hay algo que deba ser hecho, hágalo rápidamente. Pero debe retomar rápidamente los procedimientos normales". 

Las tres etapas del plan: la identificación de los opositores, su eliminación o secuestro en los países suramericanos y finalmente, la neutralización de los exiliados fuera de la región, explicó la abogada. Este se suspendió tras el asesinato de Orlando Letelier, excanciller del presidente chileno Salvador Allende, en Washington en septiembre de 1976, a manos de un exagente de inteligencia de Chile y de la CIA.


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