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La llamada "Ley Mordaza" fue aprobada el 11 de diciembre de 2014, pese al fuerte rechazo de la ciudadanía española.

La llamada "Ley Mordaza" fue aprobada el 11 de diciembre de 2014, pese al fuerte rechazo de la ciudadanía española. | Foto: Reuters

Publicado 29 julio 2015

La polémica “Ley Mordaza”, que entro en vigor en España hace menos de un mes, cobró su primera víctima del municipio Canario de Güimar a causa de un comentario en Facebook.

El español Eduardo Díaz Coello, de 27 años, expresó en el perfil de Facebook de la alcaldesa del Partido Popular Carmen Luisa Castro su desánimo con el traslado de la policía municipal a otro local y tildó a los miembros del cuerpo de “cracks” y “casta de escaqueados”.

"La Policía de Güímar, que rescata pichones y a gente atrapada en los baños, pasará a tener unas instalaciones más grandes que las de la Guardia Civil. ¡Cracks! (...) Por cierto, ¿para cambiar la función de un edificio público no hace falta un expediente? (las tonterías de la Administración) ¿Ya lo tienen? (...) Lo mejor para controlar a una casta de escaqueados, bien acomodados en convenios y estatutos, es alejarlos del centro de poder".

Ese comentario de Eduardo, vecino del municipio de Güímar, en Tenerife, constituyó una infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, por la cual recibirá una multa de 100 a 600 euros.

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“No soy un perroflauta. No estoy a favor de que se insulte a la Policía, jamás les faltaría el respeto. Pero creo que, como ciudadano que paga impuestos, puedo opinar sobre una acción de Gobierno”, afirmó el sancionado en una entrevista concedida al diario “El Mundo”

El pasado 1 de julio entró en vigor la Ley Mordaza, que busca restringir las protestas en la nación europea. Desde un primer momento en que fue ratificada ha provocado fuertes críticas entre los ciudadanos, quienes por consideran que “mata la democracia y los derechos”.
 

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Sanciones

La ley sancionará con multas de 30 mil a 600 mil euros las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad.
Otras sanciones van de 600 a 300 mil euros por difundir imágenes de la policía y de 600 a 30 mil euros por desobediencia pacífica a la autoridad, no finalizar una manifestación si lo exige la policía, obstaculizar un desahucio o una demostración ante el Congreso.



 


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