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Casi un centenar de vidas se perdieron en la ofensiva militar en contra del Palacio de Justicia colombiano hace casi 30 años.

Casi un centenar de vidas se perdieron en la ofensiva militar en contra del Palacio de Justicia colombiano hace casi 30 años. | Foto: EFE (Archivo)

Publicado 20 octubre 2015



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Los restos de esas víctimas permanecían en paradero desconocido desde la retoma del Palacio de Justicia de Bogotá, en noviembre de 1985. 

Familiares de las víctimas confirmaron este martes la identificación de los restos de tres personas desaparecidas durante la retoma del Palacio de Justicia de Colombia, en noviembre de 1985.

Los restos corresponden a Lucy Amparo Oviedo, encontrada en el cementerio sur de Bogotá, y a Cristina Guarín y Luz Mary Portela, encontradas en un cementerio privado, destaca El Espectador. 

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Sin embargo, aún se encuentran sin localizar los restos de ocho de las personas que desaparecieron durante los hechos del 6 y 7 de noviembre en la capital colombiana. 

Se espera que en horas de la tarde de hoy los familiares de las víctimas ofrezcan una rueda de prensa para dar más detalles sobre el hallazgo. 

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El anuncio se produce días después de que el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)  concretaran en La Habana, Cuba, un acuerdo en materia de desaparecidos durante el conflicto armado del país suramericano. 

Se estima que el número de desaparecidos en Colombia debido al conflicto supera los 150 mil casos, según el Registro Único de Víctimas. 

En ese sentido, tanto el Gobierno y el grupo beligerante ha planteado entre los objetivos específicos, crear mecanismos inmediatos para la búsqueda de los desaparecidos, identificación de las víctimas y ejercer una pronta entrega de sus restos a los familiares, así como la divulgación de los datos de operaciones llevadas a cabo con una periodicidad de seis meses.  

En contexto 

La retoma del Palacio de Justicia en Colombia ocurrió tras el asalto al edificio por parte del grupo guerrillero M-19, en protesta por la violación del Ejército del cese al fuego. 
El Ejército y parte del cuerpo policial colombiano abrieron fuego contra la instalación para recuperarlo, tras las órdenes del entonces presidente de ese país, Belisario Betancour, de no negociar con los rebeldes. 
A causa de este hecho, fallecieron 98 personas, por lo que el el excomandante de la Brigada XIII del Ejército, general (r) Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel (r) Luis alfonso Plazas Vega recibieron condenas de 35 y 30 años respectivamente. 
Días después de los sucesos, el Juzgado 78 de Instrucción Penal Militar de Colombia ordenó que parte de los cuerpos de las víctimas fuesen llevados a una fosa común. 

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