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Quien resulte electo como nuevo presidente o presidenta de Guatemala recibirá un país donde la pobreza afecta al 53,71 por ciento de la población.

Quien resulte electo como nuevo presidente o presidenta de Guatemala recibirá un país donde la pobreza afecta al 53,71 por ciento de la población. | Foto: AFP

Publicado 14 octubre 2015

Desde principios de año la nación centroamericana ha sido escenario de protestas, manifestaciones, marchas y otras acciones en repudio a la corrupción, especialmente contra el caso conocido como “La Línea”, una red de defraudación aduanera que involucra a altos funcionarios del Gobierno del expresidente Otto Pérez Molina.

Este 25 de octubre se llevará a cabo las segunda vuelta de las elecciones generales de Guatemala, donde los candidatos Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional (FCN), y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se presentan como los candidatos a la Presidencia de esa nación.

En medio de un ambiente tenso por las diferentes manifestaciones del pueblo guatemalteco en contra de la corrupción, y con poco apoyo hacia los candidatos, el pasado 6 de septiembre se realizaron los comicios para elegir al jefe de Estado. Sin embargo, debido a que ningún candidato obtuvo la mayoría absoluta, quienes obtuvieron la mayor cantidad de votos pasaron a una segunda ronda.

Según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala, en ese proceso Jimmy Morales fue el candidato con más apoyo de electores, con 23,88 por ciento de los votos a favor, mientras que Sandra Torres, en segundo lugar, obtuvo el 19,7 por ciento.

Por su parte, Manuel Baldizón, representante del partido Líder, obtuvo el tercer lugar en esta contienda, con 19,59 por ciento de apoyo, pero días después informó que no se presentaría en la siguiente ronda.

EL DATO: Debido a que ningún candidato obtuvo el 50 por ciento de los votos más 1, se hace necesario pasar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, según lo establece la Ley en ese país.

Antecedentes de las elecciones

Desde principios de año Guatemala ha sido escenario de protestas, manifestaciones, marchas y otras acciones en repudio a la corrupción, especialmente contra el caso conocido como “La Línea”, una red de defraudación aduanera que involucra a altos funcionarios del Gobierno del expresidente Otto Pérez Molina, a quien el Congreso le retiró la inmunidad parlamentaria el pasado 1 de septiembre, para ser juzgado como un ciudadano común.

Manifestaciones contra la corrupción. Fuente: dw

Dos días después de que 132 miembros del Parlamento votaran a favor de esa iniciativa, y de que el Ministerio público del país emitiera una orden de captura en contra de Pérez Molina,  el entonces aún mandatario presentó su renuncia, para "mantener la institucionalidad y el orden que corresponde dentro del Estado, y afrontar de manera individual" las acusaciones en su contra, según indicó el portavoz de Gobierno, Jorge ortega.

 

Resulta paradójico que, en reiteradas oportunidades, Pérez Molina aseguró que no se despegaría de su cargo y rechazó las acusaciones en su contra.

Según la instancia, Pérez Molina es acusado de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera, cargos que fueron imputados previamente a su exvicepresidenta Roxana Baldetti.

En este contexto, el vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre es ahora el mandatario interino, y ocupará el cargo hasta que el candidato que resulte electo este próximo 25 de octubre, tome posesión en enero de 2016.

Además de protestar en contra del caso “La Línea” y para exigir la renuncia de Pérez Molina, antes de las elecciones del 6 de septiembre muchos ciudadanos reclamaban una reforma electoral, pues consideraban que, a pesar de un cambio de mandatario, seguiría el mismo modelo de Gobierno. 

“Si las elecciones próximas son una camisa de fuerza para impedir que se hagan los cambios que el país necesita, al diablo las elecciones, porque no podemos condenarnos a seguir con la misma porquería aunque cambien los nombres. Allá los leguleyos con sus teorías, pero esas aguas desbordadas van a arrollarlo todo si no actuamos con sensata valentía”, reza una columna publicada por el periodista Óscar Clemente Marroquín, director del Diario La Hora en Guatemala, en mayo de este año.

El pasado 18 de julio, la CICIG presentó un informe que demuestra el supuesto financiamiento ilícito de las campañas políticas, con dinero proveniente de la corrupción y el crimen organizado en Guatemala. 

Este informe fue publicado, luego que el MP y la CICIG acusaran al diputado oficialista Manuel Barquín y al parlamentario Jaime Martínez Lohayza de integrar una presunta red de lavado de dinero, situación que representa un escándalo más por corrupción durante el Gobierno de Otto Pérez Molina.

De acuerdo con este estudio, un 25 por ciento del financiamiento a la actividad política en Guatemala proviene de estructuras criminales, especialmente del narcotráfico; otro 25 por ciento del sector privado y el restante 50 por ciento procede de instituciones del Estado.

La Línea y sus integrantes

“La Línea” es un caso de corrupción que fue revelado por la Fiscalía de Guatemala y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), el pasado 16 de abril, calificado como una red sofisticada de contrabando, defraudación presupuestaria y lavado de dinero, que operaba a través de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en los principales puertos de la nación. 

Por este caso, unos 158 funcionarios del Gobierno de Otto Pérez fueron detenidos, entre ellos la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien pensó que tras su renuncia en mayo de 2015 se calmarían los ánimos y las acusaciones en su contra.

Lea→ Menchú: Renuncia de vicepresidenta es un triunfo del pueblo guatemalteco

Baldetti fue detenida el 21 de agosto mientras permanecía internada en un centro médico privado y fue trasladada a la cárcel del cuartel militar Matamoros. Por órdenes del juez Gálvez fue recluida en la cárcel de Santa Teresa.

Actualmente presenta problemas de salud, por lo que se encuentra hospitalizada en el Centro Médico Militar de Guatemala, perteneciente al Ejército de Guatemala, el cual ha manifestado públicamente su oposición a la estancia de la exvicepresidenta en el lugar.

El nombre “La Línea” se refiere a un número de teléfono al que se llamaba para negociar la alteración de los documentos de la mercadería importada, con el objetivo de pagar menos impuestos.

En este caso también se encuentra involucrado el exsecretario de Baldetti, Juan Carlos Monzón, quien el pasado mes de abril se dio a la fuga tras realizar un viaje oficial a Corea del Sur en compañía de la ex vicepresidenta, quien en esa oportunidad regresó sola a su país.

Luego de ser señalado por el MP y la Cicig como miembro de la banda delictiva, el exfuncionario se convirtió en el hombre más buscado de ese país centroamericano y, además, el 20 de abril apareció como una de las personas más buscadas por la Interpol.

Tras permanecer cinco meses prófugo de la justica, el pasado lunes 5 de octubre Monzón se entregó a los tribunales de justicia de Guatemala y un día después compareció ante las autoridades, y señaló al expresidente y a la ex vicemandataria de Guatemala como máximos líderes de “La Línea”.

El juez guatemalteco Miguel Angel Gálvez, quien también sentenció a Pérez Molina y Baldetti, envió a prisión Monzón, y además determinó que "debe quedar absolutamente aislado" ante el temor de que peligre su vida tras las acusaciones hechas.

Vea aquí→ Acusan a Pérez Molina y Baldetti de ser líderes de "La Línea"

Una semana antes, el empresario Estuardo González, uno de los principales acusados en el caso de defraudación, declaró que fue Monzón quien había armado toda la estructura delictiva, en conjunto con Baldetti.

González aseguró que Pérez Molina recibió sobornos de la red de corrupción y que él fue el "receptor del dinero".

En el marco de las investigaciones al respecto, el representante de la Cicig, Iván Velásquez, informó a principios de octubre que se han encontrado empresas de maletín, con datos equivocados de personas.

Además, la Cicig solicitó al juez Gálvez que cite a 50 importadores, entre medianos y pequeños, que estarían relacionados con la organización delictiva, y quienes son señalados de los delitos de cohecho y falsificación de documentos.

Velásquez explicó que las averiguaciones se han tardado un poco debido a que llevan a cabo un minucioso trabajo. "No queremos dañar a ninguna persona sin motivos, por lo que debemos verificar toda la información", indicó.

“La Línea” defraudó al Estado de Guatemala por más de 28 millones de quetzales (3,6 millones de dólares) entre mayo de 2014 y abril de 2015.

Lo que hereda el próximo Gobierno

Quien resulte electo como nuevo presidente o presidenta de Guatemala, recibirá un país con una millonaria deuda externa; que batalla contra la pobreza y que además registra un crecimiento económico a la baja, como consecuencia de la incertidumbre política que han provocado los escándalos de corrupción destapados desde abril pasado.

Según la Secretaría General de Planificación (Segeplan) de la Presidencia, los mayores índices de pobreza general se concentran en 125 de los 338 municipios que tiene el país.

La pobreza afecta a un 53,71 por ciento de la población y de ellos, el 13,33 por ciento, vive en la más absoluta miseria.


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