Guatemala: nuevas capturas por casos de corrupción | Noticias | teleSUR
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El exministro Mauricio López Bonilla es uno de los implicados en el nuevo caso de corrupción.

El exministro Mauricio López Bonilla es uno de los implicados en el nuevo caso de corrupción. | Foto: EFE

Publicado 30 enero 2017

El nuevo caso de corrupción involucra al Ministerio de Gobernación, la PNC y el Sistema Penitenciario. El exministro López Bonilla, quien ya se encuentra en prisión, está implicado directamente con este caso.

El Ministerio Público de Guatemala informó sobre la captura de dos altos exfuncionarios por casos de corrupción: el ex viceministro administrativo de la Gobernación, Manfredo Pacheco Consuegra y el exdirector general de la Policia Nacional Civil (PNC), Walter Rene Cerón.

El caso involucra la renta de 47 vehículos blindados por un monto de más de 32 millones de quetzales (unos cuatro millones de dólares) en los años 2014 y 2015. La Secretaria General del Ministerio Público, Mayra Véliz, explicó este lunes en una conferencia de prensa que ambos involucrados fueron capturados y se les acusa de abuso de autoridad para aprobar los contratos ilícitos.

El tercer involucrado en el caso es el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien ya se encuentra en prisión por otros casos de corrupción que incluyen la malversación de fondos para comprar regalos lujosos para el expresidente Otto Pérez Molina, quien también se encuentra en prisión.

La secretaria Véliz agregó que las pesquisas comenzaron el año pasado con una denuncia de parte de la Contraloría General de Cuentas sobre dos contratos de arrendamientos de veinte vehículos en el Ministerio de Gobernación. La denuncia se expandió posteriormente cuando se encontraron anomalías en contratos adicionales en la PNC y en el Sistema Penitenciario.

En total son cinco contratos que se habían amparado en un estado de excepción declarado por el Gobierno, en aquel momento, para realizar el arredanmiento de los vehículos.

El jefe de la fiscalía contra la corrupción, Estuardo Campo, explicó que estas contrataciones fueron ilegales pues la Ley de Contrataciones del Estado establece que toda contratación mayor a 900 mil quetzales (unos 120 mil dólares) se debe hacer a través de una licitación pública. El destino de los dineros utilizados en la contratación aún se desconoce.

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