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El gobierno de Colombia creará una Subdirección Especial en la Unidad Nacional de Protección (UNP) para dar garantías de seguridad a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y luchar contra las organizaciones criminales de este país, en el marco del acuerdo de paz que adelantan en La Habana, Cuba.
La medida permitirá a los integrantes de ese grupo insurgente tener escoltas de la asignados de la UNP, las fuerzas militares, policías y de las propias FARC-EP, cuando se reintegren a la vida civil para que tengan protección en zonas rurales y urbanas.
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Quienes sean miembros de las FARC-EP desmovilizados y deseen ser escoltas de sus jefes o compañeros deberán someterse a pruebas y entrenamiento de la subdirección.
La información fue publicada por el diario Semana, según fuentes de las dos delegaciones de paz en los diálogos de paz.
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Asimismo, será instaurada una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que se encargará de desmantelar las organizaciones criminales provenientes del paramilitarismo.
De acuerdo con el reporte de Semana, los activistas de los derechos humanos, líderes sociales, políticos, de género, de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI) y civiles que habiten en las zonas de conflicto también contarán con estas garantías.
Al respecto, el director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora, explicó recientemente que no todos los miembros de las FARC-EP tendrán escoltas, solo aquellos que se dedicarán a actividades políticas o se consideren en riesgos.
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Mora, quien ha participado en numerosas reuniones para discutir las garantías a los miembros de la guerrilla, señaló que los esquemas del acuerdo son “amigables en términos generales, que no sean excesivos o atropellen a los ciudadanos, sean excesivos o atropellen a los ciudadanos”.
“Estamos trabajando para que sean tranquilos y no impliquen ninguna perturbación para los colombianos”, aseguró.
En contexto
Actualmente, las delegaciones del Gobierno y de las FARC-EP conversan sobre los mecanismos para legalizar y verificar un acuerdo que ponga fin al más de medio siglo de conflicto armado que vive Colombia.
El 23 de septiembre de 2015, la mesa de negociaciones de La Habana firmó un acuerdo sobre justicia para las más de 220 mil muertos y 7,8 millones de desplazados que ha dejado el conflicto. Este fue uno de los temas más complejos del proceso de paz, que para ese entonces estaba por cumplir tres años desde su inicio en noviembre de 2012.
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A principios de 2016, los líderes de las FARC-EP vaticinaron que el 23 de marzo no se firmaría el acuerdo final y advirtieron a sus filas que si la paz no se firmaba en la fecha anunciada, los colombianos darían por entendido que la insurgencia no estaban preparada para poner fin a la guerra.
Efectivamente no se firmó por desacuerdo entre ambas partes en puntos sensibles y necesarios para lograr el cese del conflicto. Pero ninguno de los involucrados abandonó y ahora se estima que las FARC-EP y el Gobierno colombiano firmen la paz en junio de este año.
