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El Frente Amplio (FA) de Uruguay bloque que integra a las organizaciones de izquierda, rechazó este sábado por amplia mayoría la participación de ese país suramericano en el Tratado Internacional de Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés).
El Partido Socialista señaló la necesidad de "valorar políticamente el momento oportuno para concluir la permanencia en las negociaciones en función de los criterios aprobados por el último Congreso" del FA.
El rechazo contundente al TISA contó con el respaldo del Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Comunista, la lista 711 del vicepresidente Raúl Sendic, el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Casa Grande de la senadora Constanza Moreira y la Liga Federal.
Por otra parte, la Vertiente Artiguista es partidaria de continuar en las negociaciones, "pero sin avanzar" en la elaboración de las listas positivas y negativas de los intereses de Uruguay.
Por 117 en 139 votos el Plenario Nacional del @FrenteAmplio acaba de resolver que considera inconveniente que Uruguay permanezca en el TISA.
— Gonzalo Civila López (@gonzacivila)
septiembre 5, 2015
Expresamos además nuestra satisfacción con la actitud de nuestra gobierno en la cabeza del Presidente de consultar a la fuerza política.
— Gonzalo Civila López (@gonzacivila)
septiembre 5, 2015
El Dato: La posición tomada por el Plenario del Frente será comunicada al Poder Ejecutivo, que luego convocará al gabinete para tomar una decisión definitiva sobre el tema. Sin embargo, si optan continuar con la negociación y la posterior firma del acuerdo, el TISA deberá ser aprobado por el Parlamento, donde el Frente Amplio tiene mayoría.
EN CONTEXTO
La organización Wikileaks reveló información secreta sobre las actuales negociaciones del Tratado Internacional de Comercio de Servicios (TISA) indica que el mismo afecta a 50 países y a un 68,2 por ciento del comercio mundial de servicios.
Sindicatos uruguayos rechazan unión al TISA
Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión Europea (UE) son los principales impulsores convenio, el cual aspira a regular de manera supranacional los servicios de salud, agua, financieros, de telecomunicaciones y transporte, entre otros.
El objetivo sería controlar y coartar la libertad legisladora de los Estados y las instituciones (desde Ayuntamientos a colegios profesionales) contra todo aquello que pudiera suponer un impedimento para los negocios de las multinacionales del sector Servicios, según las revelaciones de la organización creada por el periodista australiano Julian Assange.
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