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Ciudadanos rechazan que se busque la aprobación del proyecto vía decreto, sin antes pasar por la votación en el seno del Parlamento nacional.
El Senado francés aprobó una versión más endurecida del polémico proyecto de reforma laboral propuesto por el mismo Gobierno galo y que da más poder a la figura patronal, por encima de los laborales.
Con 185 votos a favor y 156 en contra, la Cámara del Parlamento adoptó este nuevo texto en el que se suprime el límite legal de las 35 horas semanales de trabajo, para pasar a 39 si hay acuerdo en cada empresa.
La normativa deberá volver el 5 de julio a la Asamblea Nacional, instancia que tiene una mayoría de izquierda y la última palabra en materia legislativa, que previsiblemente volverá a retocarla para dejarla en su estado original, antes de someterla a una incierta votación.
El dato: A través de 900 enmiendas, el Senado ha suprimido de un plumazo el límite legal de las 35 horas semanales, recupera como obligatoria la rebaja generalizada de indemnizaciones por despido y elimina ayudas a jóvenes o el límite mínimo de 24 horas semanales en contratos temporales.
No obstante, el Ejecutivo del primer ministro francés, Manuel Valls, advirtió que recurrirá de nuevo, de ser necesario, al artículo 49.3 de la Constitución para sacar adelante la ley evitando a toda costa que los diputados la voten. Esto, ante las dificultades que puede atravesar el proyecto para alcanzar la mayoría de apoyos.
La votación de este martes coincidió con una nueva jornada de manifestaciones en todo el país en rechazo al mencionado plan.
El proyecto, conocido también como ley El Khomri, en alusión a la ministra de Trabajo, Myriam el Khomri, contó con el respaldo del partido Los Republicanos, liderado por el ex presidente Nicolás Sarkozy, y el rechazo de los socialistas y sus aliados.
El mandatario François Hollande ha reiterado que llegará “hasta el final” en esta reforma que el Gobierno considera “necesaria, vital” para Francia.
En tanto, sindicatos y organizaciones gremiales exigen la retirada del proyecto, sobre todo la anulación del artículo segundo, con el cual los acuerdos en cada empresa tendrán más fuerza legal que los sectoriales.