Fiscalía colombiana acusa a exgobernador por vínculos paramilitares

La Fiscalía colombiana acusó este martes a Francisco "Kiko" Gómez Cerchar, exgobernador de La Guajira (norte), por los cargos de concierto para delinquir y de tres asesinatos, así como se pidió que se investigue su posible participación en otros 15 crímenes ocurridos en ese departamento caribeño.

El fiscal general, Eduardo Montealegre, informó a través de una rueda de prensa que las acusaciones contra el exgobernador, son por sus presuntos vínculos con Marcos de Jesús Figueroa García, alias "Marquitos", señalado como jefe de una banda criminal.

"Kiko" Gómez también está acusado de presuntas relaciones con el excomandante paramilitar y narcotraficante Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", extraditado a Estados Unidos (EE.UU.) en mayo de 2008.

Al exgobernador, capturado en octubre del año pasado y preso actualmente en una cárcel de Bogotá (capital), también se le acusa de tener relación con el asesinato del entonces concejal del municipio de Barrancas (en el departamento de La Guajira), Luis Gregorio López Peralta, ocurrido en 1997 cuando Gómez era alcalde de esa población.

Igualmente se le acusa de los homicidios de los campesinos Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera, en hechos ocurridos entre 1997 y 2000.

Esos crímenes al parecer fueron cometidos por sicarios de "Marquitos" en el municipio de Fonseca con el apoyo de Gómez Cerchar, "quien habría ayudado con armas, vehículos y equipos de comunicaciones" según la Fiscalía.

El fiscal anunció además que fue abierta una nueva investigación contra el exgobernador por su presunta responsabilidad en el asesinato de otras 15 personas en La Guajira.

Montealegre también afirmó que se están investigando las denuncias de la senadora electa Claudia López, de la Alianza Verde, quien dijo que organismos de seguridad del Estado la alertaron de un "riesgo extremo" de que la asesinen y culpó de ese peligro al exgobernador y a su socio "Marquitos".

El fiscal indicó que la mejor contribución para combatir este tipo de acciones es desarticulando esa organización y añadió que para el organismo que dirige los temas de amenazas, en especial contra líderes sindicales, opositores políticos y defensores de Derechos Humanos, éstos "tendrán prioridad".