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El partido salvadoreño Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) condenó la suspensión de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, luego de que el Senado tomara la decisión de iniciar un juicio político en su contra, con la finalidad de destituirla.
El partido considera que la suspensión de Rousseff "es un golpe de Estado parlamentario perpetrado contra la legítima presidenta de Brasil" y expresó su "total respaldo y solidaridad a quien el pueblo brasileño eligió a través de 54 millones de votos".
>>¿Quiénes son los ministros de Michel Temer?
"El respaldo popular es hoy irrespetado y negado por los golpistas que, valiéndose de maniobras parlamentarias y de un sistema judicial cómplice, pretende pisotear la voluntad soberana del pueblo", manifestó el partido de gobierno a través de un comunicado.
Igualmente, expresó su apoyo incondicional al Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, a sus dirigentes y militancia, "en especial a Luiz Inácio Lula da Silva", expresidente brasileño.
"Esta burda maniobra parlamentaria es parte de una estrategia de poderosos y antidemocráticos sectores de la derecha empresarial y terratenientes locales, en alianza con grandes corporaciones transnacionales, que jamás aceptaron haber sido desplazados del poder político y económico de aquella hermana nación", subrayó el comunicado.
>>¿Qué sigue tras el juicio político de Dilma Rousseff?
El FMLN realizó un llamado a "los pueblos y gobiernos democráticos del mundo a rechazar esta maniobra, que hace retroceder al hermano y valiente pueblo de Brasil a los oscuros años en que los derechos humanos, sociales, económicos y políticos de las y los brasileños, eran pisoteados con impunidad por las élites conservadoras y el gran capital".
En contexto
El Senado brasileño aprobó la realización del juicio político contra Rousseff, por lo que será suspendida de la Presidencia del país durante 180 días y sustituida de forma interina por el vicepresidente, Michel Temer, mientras se evalúa si se destituye a la mandataria.
La acusación contra Rousseff es la supuesta violación de normas fiscales al presuntamente incurrir en maniobras contables "ilegales" para "maquillar" los resultados del gobierno en 2014 y 2015, modificar los presupuestos mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.
La defensa de Rousseff aseguró que los argumentos técnicos demuestran que no hay ningún crimen de responsabilidad. El ministro de Hacienda de Brasil, Nelson Barbosa, manifestó que los financiamientos se hicieron públicos y explicó que los créditos suplementarios no fueron numerados porque en 2002 se aprobó un decreto que establece que mientras no sean de carácter normativo no deben llevar la numeración.
