Españoles siguen marchando en contra de Ley Mordaza | Noticias | teleSUR
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Manifestación en Madrid en defensa de las libertades y del derecho de huelga.

Manifestación en Madrid en defensa de las libertades y del derecho de huelga. | Foto: EFE

Publicado 19 febrero 2015

Esta vez los sindicatos se unieron a la manifestación en la que denunciaron que más de 300 sindicalistas están siendo procesados por defender los derechos laborales. 

Las calles del centro de la capital de España se llenaron de centenares de personas este miércoles para protestar en contra de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza”, normativa que fue aprobada en diciembre y es cuestionada por vulnerar los derechos a la reunión y manifestación pública.

Medios locales reseñaron que la marcha contó con participación de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), los principales gremios sindicales del país.

La manifestación arrancó a las 18H00 local en la esquina de Muelle de Heredia con Alameda de Colón y siguió hasta la plaza de la Constitución (centro). La protesta también se replicó en las capitales de las provincias de todo el país.

Los sindicalistas denunciaron que actualmente más de 300 líderes laborales están siendo juzgados por defender los derechos de los trabajadores.

“En la comunidad de Madrid hay 17 personas procesadas con una petición de 82 años de cárcel, y nos parece una verdadera barbaridad", manifestó el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún.

“La forma es un recorte de derechos, ya que pone restricciones estrictas en todo lo que concierne a las protestas y huelgas”, indicó.

A través de un manifiesto, cientos de madrilistas pidieron que se deroguen los artículos que prohíben la protesta y que modifique el proyecto de ley.

CONTEXTO
El pasado mes de diciembre, el Pleno del Congreso español aprobó la polémica Ley de Seguridad Ciudadana. El proyecto de ley incrementa las penas de cárcel “para determinados delitos contra el orden público” y establece multas de hasta 600 mil euros (683 mil dólares) para quienes organicen manifestaciones no autorizadas. La normativa es considerada por los activistas y sindicatos como un mecanismo que pretende callar voces contrarias al Gobierno de España.  

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