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La llamada "Ley Mordaza" fue aprobada el 11 de diciembre de 2014, a pesar del fuerte rechazo de los ciudadanos españoles.

La llamada "Ley Mordaza" fue aprobada el 11 de diciembre de 2014, a pesar del fuerte rechazo de los ciudadanos españoles. | Foto: EFe

Publicado 14 febrero 2015



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La llamada “Ley Mordaza” continúa recibiendo el rechazo de los españoles. Este sábado miles de personas protestaron contra una ley que eleva las multas por marchas no autorizadas, considerada como un mecanismo que pretende callar voces contrarias al Gobierno de España.

Miles de españoles protestaron este sábado en contra del proyecto de ley del Gobierno español que endurece las penas para las manifestaciones “no autorizadas”, que a juicio de activistas y opositores pretende cercenar derechos a quienes difieren de la política oficial.

En Madrid, capital de España, los manifestantes marcharon a partir de las 12H00 locales hasta la plaza central de la Puerta del Sol bajo el lema 'Día de los AMORdazados', mientras en otras veinte ciudades se suscitaron manifestaciones similares, de acuerdo con los organizadores.

El proyecto de ley, denominado por los opositores de "Ley Mordaza", incrementa las penas de cárcel “para determinados delitos contra el orden público” y establece multas de hasta 600 mil euros (683 mil dólares) para quienes organicen manifestaciones no autorizadas.

El Gobierno español sostiene que la nueva legislación mejorará la seguridad pública y protegerá los derechos y libertades. Dicho proyecto ya fue aprobado en la cámara baja del parlamento y debe ser discutido por el Senado en las próximas semanas.

Entre los manifestantes había militantes de la organización Greenpeace, que avanzaban con un león de cartón, réplica de una escultura frente al parlamento, enjaulado y amordazado.

"El Gobierno sigue empeñado en acallar la voz del pueblo, amordazando las voces discrepantes y multando a la ciudadanía que no se resigna a la realidad que estamos viendo", Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España.

Sanciones

La ley sancionará con multas de 30 mil a 600 mil euros las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad.

Otras sanciones van de 600 a 300 mil euros por difundir imágenes de la policía y de 600 a 30 mil euros por desobediencia pacífica a la autoridad, no finalizar una manifestación si lo exige la policía, obstaculizar un desahucio o una demostración ante el Congreso.


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