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Este viernes se mantiene el plan de seguridad desplegado para garantizar la seguridad de los conductores.

Este viernes se mantiene el plan de seguridad desplegado para garantizar la seguridad de los conductores. | Foto: EFE

Publicado 31 julio 2015



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Luego de cinco días del paro forzado por pandillas en esa nación centroamericana, los transportistas comienzan sus labores.

El viceministro de transporte de El Salvador, Nelson García, aseguró que el servicio de transporte público en esa nación se ha normalizado "casi en su totalidad", luego del paro que inició este sector el pasado lunes obligado por el boicot de pandilleros que asesinaron a 9 transportistas.

 

Este servicio público comenzó a normalizarse este jueves luego del cuarto día de paro, cuando el Gobierno de El Salvador desplegó alrededor de 600 militares a fin de que hicieran frente al boicot y reiteró que no negociaría bajo ningún concepto con los criminales responsables del sabotaje.

En contexto

La población salvadoreña ha enfrentado varios días de boicot al transporte público, una situación orquestada por grupos criminales conocidos como maras, que piden negociar con el Gobierno (ciertas condiciones que aún se desconocen), pero que Sánchez Cerén rechazó de inmediato diciendo que él “no negocia con criminales”.

Entérese→ El Salvador: Pandillas criminales asesinan a 9 transportistas

El miércoles aumentó a nueve la cifra de transportistas asesinados y se reportó uno herido, a manos de pandillas criminales que boicotearon el servicio de transporte con el propósito de desestabilizar el país y provocar un golpe de Estado, informó el corresponsal de teleSUR en la nación centroamericana, Ernesto Ávalos. 

Para la coordinadora del Foro Nacional para la Salud, que aglutina un centenar de organizaciones sociales, Margarita Posada, el supuesto clima de intranquilidad que denuncia la derecha política y económica pretende socavar a la población y hundirla en la desesperanza, a fin de debilitar el Gobierno que fue elegido democráticamente.

Ante la escalada de violencia, el Ejecutivo incrementó la presencia policial y militar en todo el territorio nacional, y habilitó vehículos de instituciones públicas, llamados “picacheros”, para ayudar a las personas a trasladarse al trabajo y de regreso a sus casas.


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