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El Gobierno de Ecuador reiteró en un comunicado su apoyo al pueblo de Brasil y a la presidenta Dilma Rousseff "legítima depositaria del mandato popular expresado en las últimas elecciones democráticas".
El texto, publicado por la Cancillería ecuatoriana, indica que contra Rousseff "no pesa, hasta el momento, una sola imputación que la vincule con la comisión de un delito común".
Ecuador también expresó su deseo de que las actuales circunstancias sean superadas pronto "en el marco del Estado de Derecho y el estricto respeto a la institucionalidad democrática de Brasil".
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"Ante la amenaza de una grave alteración del orden constitucional, de profundas consecuencias para el conjunto de la región, el Ecuador apela a la plena vigencia y preservación de las instituciones democráticas y los valores que la sustentan, así como a los principios reflejados en el Tratado Constitutivo de la Unasur, como elementos indispensables para la consecución de la paz, la justicia y la integración de los pueblos de América Latina", reseña el texto.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se vio obligada a separarse de su cargo por un período no mayor a 180 días, luego de que el Senado aprobara la ejecución del juicio político con 55 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención (de 78 de los 81 miembros del cuerpo colegiado).
En este período las autoridades brasileñas se encargarán de encontrar las pruebas que no fueron presentadas ni en la Cámara baja, ni en el Senado y que pese a ello fue aprobado el juicio político, un hecho que es considerado por analistas como un golpe de Estado a una mandataria electa a través del voto popular por más de 50 millones de personas.
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La acusación contra Rousseff es la supuesta violación de normas fiscales al presuntamente incurrir en maniobras contables "ilegales" para "maquillar" los resultados del gobierno en 2014 y 2015, modificar los presupuestos mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.
El Abogado General de la Unión, José Eduardo Cardozo, ha dicho que este proceso contra Rousseff carece de los requisitos legales mínimos, como la indudable comprobación de un “delito de responsabilidad”.
¿Cómo fue el proceso de aprobación del juicio político?
El juicio político contra Dilma fue aprobado el pasado 17 de abril por la Cámara de Diputados con 367 votos a favor, 137 en contra, siete abstenciones y dos ausencias.
Luego pasó al Senado (de mayoría opositora) donde una comisión especial conformada por 21 senadores se encargó de analizar el caso y el 6 de mayo votó a favor del informe de su relator, Antonio Anastasia, quien recomendó que el proceso avanzara hacia la destitución.
El informe pasó a ser discutido en el pleno del Senado, que aprobó este 12 de mayo la ejecución del juicio político con 55 votos a favor.
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