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Según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, actualmente en México se desconoce el paradero de unas 30.973 personas.

Según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, actualmente en México se desconoce el paradero de unas 30.973 personas. | Foto: Reuters

Publicado 29 agosto 2017





La investigación de la CNDH evidencia la probable desaparición forzada de la adolescente, así como violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y acceso a la justicia, a la libertad de tránsito, la no discriminación y al interés superior de la niñez.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ordenó tanto al Gobierno mexicano, como a las instituciones, entre ellas la Procuraduría General de la República (PGR), investigar la desaparición forzada de una adolescente de 17 años detenida por las autoridades migratorias hace más de dos años.

La joven mexicana desapareció el pasado 23 de junio de 2015, cuando fue obligada a bajar de un autobús en que viajaba desde Motozintla, en el estado de Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo al organismo, dos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) obligaron a la joven que no tenía identificación personal a bajar del vehículo porque pensaron que era guatemalteca.

"Tras su investigación, la CNDH cuenta con elementos que permiten evidenciar la probable desaparición forzada de la adolescente y la violación de los derechos humanos a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia de ella, su padre, su madre, así como a la libertad de tránsito, a la no discriminación y al interés superior de la niñez en agravio de la adolescente, atribuibles a servidores públicos de las instancias mencionadas", enfatizó la Comisión.

Por su parte, los agentes de INM aseguraron que la joven "abandonó la estancia con rumbo incierto", tras ser sometida a revisión migratoria.

El padre de la desaparecida interpuso una denuncia el 14 de julio de 2015 ante la Fiscalía General del estado de Chiapas y luego otra ante la PGR, pero esta última alegó ser incompetente para el asunto, por lo que el material obtenido en las pesquisas iniciales se integró en el expediente de la primera investigación.

La CNDH recomendó a la PGR atraer la averiguación previa "porque el caso atañe a servidores públicos federales", con el fin de "establecer la verdad de los hechos y determinar la probable responsabilidad penal que corresponda a quien o quienes participaron en la desaparición forzada de la adolescente".

Asimismo, solicitó que el INM haga la reparación integral del daño, en términos de la Ley General de Víctimas, que incluya compensación y atención psicológica, inscribir al padre y madre de la adolescente en el Registro Nacional de Víctimas y colaborar con la investigación de la Fiscalía General.

Por otra parte, la CNDH exigió al gobernador de Chiapas capacitar a los policías sobre la niñez en el contexto de migración y que la fiscalía del estado remita toda su información a la PGR, entre otras medidas.

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