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El organismo está preocupado por las implicaciones de que migrante sea igual a criminal.

El organismo está preocupado por las implicaciones de que migrante sea igual a criminal. | Foto: EFE

Publicado 23 marzo 2017

El pasado lunes la CIDH realizó una audiencia en la que discutieron la situación de los DD.HH. en Argentina. Una de las mayores preocupaciones de la comisión es el decreto de Macri que altera la política migratoria de ese país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este jueves su preocupación por el decreto migratorio firmado por el presidente de Argentina, Mauricio Macri.

La orden, llamada Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), autoriza la deportación inmediata de personas indocumentadas sobre las que se sospeche la comisión de delitos en ese país. Para la comisionada y vicepresidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, esta normativa es perjudicial para los migrantes y representa un retroceso para Argentina.

La audiencia sobre Argentina se mantuvo el pasado lunes en Washington. Durante la misma el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, respondió a las preguntas de la CIDH junto al director de Migraciones, Horacio García. Organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref), y el Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (Iarpidi), han denunciado este decreto y solicitado su anulación.

Para Macaulay "la adopción del Decreto de Necesidad y Urgencia incorpora disposiciones regresivas de los derechos de los migrantes. La verdadera preocupación de la Comisión es que la Argentina fue un gran ejemplo sobre cómo tratar a los migrantes. Y ahora nos preocupa que haya retrocedido”. El aspecto más preocupante para los comisionados son “las declaraciones de altas autoridades que relacionan la migración con la criminalidad".

El Estado argentino defendió el decreto afirmando que su intención no es persecutoria ni racista. Avruj insistió en que Argentina es “un país de puertas abiertas” y que “no quiere perseguir migrantes”. Pero justificó la medida al decir que "la nacionalidad de quien delinque no es parte del debate. Controlar el ingreso y residencia de los inmigrantes es también parte de los derechos humanos".

Luego de la audiencia el director de litigio del CELS expresó: "Sorprendió que el Estado no haya dado ante el organismo internacional las explicaciones que da a nivel nacional. No hablaron de delincuencia ni de respuesta al crimen organizado como justificativo de los cambios a la ley. Lo único que dijeron es que había una demora en los procesos, lo cual es pobrísimo a la hora de explicar por qué se recortan los derechos del migrante para solucionarlo".

Para la organización CELS el DNU establece un proceso que "vulnera el debido proceso, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia”.

Para Nengumbi Sukamam, miembro del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (Iarpidi), el DNU “habilita un racismo institucional que se manifiesta en tratos discriminatorios en los hospitales, las escuelas y sobre todo a través de la violencia policial".

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