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Este miércoles será la última sesión en la cual se escuchará a testigos de la defensa en juicio contra Rousseff.

Este miércoles será la última sesión en la cual se escuchará a testigos de la defensa en juicio contra Rousseff. | Foto: @SenadoFederal (Referencial)

Publicado 28 junio 2016

Dos testimonios quedaron pendientes tras la interrupción de la sesión del pasado lunes por un incendio en una subestación que provocó un corte de energía eléctrica en el Senado. 

La Comisión del Senado de Brasil que está a cargo del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff escuchará este martes las declaraciones de los testigos convocados por la defensa. 

A esta jornada se sumarán las intervenciones del exministro de Defensa Aldo Rebelo, el exabogado general de la Unión Luis Inácio Lucena Adams y Carlos Stangherlin Rebelo, del Consejo Nacional de Justicia.

El pasado lunes se interrumpió la sesión porque el Senado quedó sin energía eléctrica cuando aún faltaban por comparecer María Fernanda Ramos Coelho y Joao Luiz Guadagnin, exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario.

>> Temer ofrece favores políticos a cambio del voto en favor del impeachment

Mañana míércoles sería la última sesión para escuchar a los testigos de la defensa, a la cual deberán comparecer el jefe adjunto del Departamento Económico del Banco Central (BC), Fernando Rocha; el subsecretario de Política Fiscal del Tesoro Nacional, Paulo José dos Reis Souza, y el procurador del BC Marcel Mascarenhas dos Santos.

Un informe elaborado por técnicos del Senado brasileño señaló el pasado lunes que no existen pruebas de que Rousseff participara en las maniobras fiscales, que supusieron una de las causas que llevaron la apertura del juicio político. 

 

En contexto: 

En mayo, el Senado de Brasil votó a favor del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, por lo que fue separada de su cargo por un período de 180 días.
Durante este periodo se analizan las pruebas que supuestamente vinculan a la Jefa de Estado con presuntas pedaladas fiscales, lo que supone que el Gobierno atrasó sistemáticamente el envío de recursos a los estatales Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), cantidades que supuestamente fueron utilizadas para pagar programas sociales en un año electoral.
Esta maniobra de juicio político es interpretada por los analistas como un golpe de Estado parlamentario contra el Gobierno progresista, y un atentado feroz contra las políticas sociales. 
El presidente interino, Michel Temer, quien quedó a cargo de la nación ha llevado a cabo desde los primeros siete días en el Poder una serie de reformas económicas y modificaciones contra la clase trabajadora, movimientos campesinos y hasta contra el sector salud, cultura y educación.

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