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El aumento de las tarifas de gas afecta a la mayoría de los argentinos.

El aumento de las tarifas de gas afecta a la mayoría de los argentinos. | Foto: TN

Publicado 4 agosto 2016



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La Cámara puede enviar el caso a la Corte y avalar los incrementos con tope hasta que se dicte la resolución final, o frenar  los aumentos mientras no haya una solución de fondo.

El Gobierno argentino enfrenta este jueves otra instancia trascendental en su política de reducción de subsidios e incrementos de tarifas en servicios domiciliarios, al evaluar la Cámara Federal de la Plata el informe que fundamenta el aumento de los cuadros tarifarios en Argentina.

La Cámara decidirá si declara admisible el recurso presentado por el macrismo contra el fallo que suspendió el aumento del precio del gas en el país por falta de audiencias públicas, y si gira el expediente al máximo tribunal de Justicia del país con el ajuste suspendido o no para que esa instancia defina la constitucionalidad o no del tarifazo. 

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En caso de que la Cámara le otorga efecto "devolutivo" a su fallo, el aumento en el gas quedará sin aplicación hasta que el máximo tribunal de justicia del país resuelva la cuestión de fondo. En caso contrario, si le da "efecto suspensivo" el Ejecutivo podrá avanzar con el tarifazo y cobrar el aumento hasta que defina la Corte.    

Los seguidores de Macri esperan que se haga realidad el "efecto suspensivo”, pues así lograrían que la cuestión tarifaria sea resuelta por la Corte y mientras se espera esa resolución, podrían aplicar los aumentos que decidió tras el inicio de la controversia judicial, con un tope de 400 por ciento con respecto a los importes pagados en el mismo período del año pasado.

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Según opiniones de especialistas, lo más probable es que la apelación se conceda con efecto devolutivo, y entonces la Corte Suprema decidiría si procede o no, mientras que el gobierno no podrá aplicar ningún tipo de aumento hasta que se obtenga una resolución final sobre el fondo del asunto.

En contexto

La judicialización del aumento del gas comenzó el 7 de julio, cuando la Sala IIª declaró nulas las resoluciones 28 y 31 del  Ministerio de Energía y Minería que dispusieron el aumento y ordenó retrotraer la situación tarifaria a la existente previamente al dictado de esas normas.    
El fallo surgió tras las apelaciones de las asociaciones civiles CEPIS y Consumidores Argentinos, y del Ejecutivo a la  resolución del Juzgado Federal de primera instancia 4 de Buenos Aires, que  ordenó convocar a una audiencia pública para debatir con usuarios  los aumentos que empezaron a regir en marzo.  

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