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Publicado 29 junio 2016

Además, un expolítico de su gabinete, Néstor Grindetti, enfrenta una denuncia legal por la creación de empresas fantasmas en paraísos fiscales.

El juez federal argentino, Sebastián Casanello, que investiga al presidente, Mauricio Macri, en la causa por las revelaciones de los Panamá Papers, ordenó que se hiciera un análisis comparativo sobre las declaraciones juradas que presentó el Presidente entre 2013 y 2015, porque presuntamente tienen diferencias.

El denunciante en esta causa, el diputado del Frente para la Victoria, Norman Martínez, sostuvo que las declaraciones de Macri tienen contradicciones en su contenido tanto en materia de bienes como de sus valuaciones, reseña Diario Registrado. 

La meta es ver si hubo "contradicciones" y si tienen justificación en razones burocráticas, como alegó Macri, o no.

La medida había sido propuesta por el fiscal del caso, Federico Delgado, que dijo que debía determinarse si las diferencias en las declaraciones se debieron a "la dificultad de articular los formularios exigidos por el gobierno local con aquellos del federal", como había señalado el Presidente ante la Oficina Anticorrupción.

Esto es en referencia a que en 2013 Macri era jefe de gobierno porteño y sus declaraciones estaban regidas por las normas locales, con formularios diferentes a los previstos por la Oficina Anticorrupción, organismo que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.

El trabajo que ordenó ahora Casanello fue encomendado, en forma "conjunta", a las "áreas pertinentes" de la Oficina Anticorrupción, por un lado, y de la Dirección General de Ética en el Ejercicio de la Función Pública del gobierno porteño, por el otro.

Un expolítico de Macri  envuelto en corrupción

Por otro lado, el político argentino Néstor Grindetti, quien fue ministro de Finanzas del entonces gobernador de la Capital Federal, Mauricio Macri, se encuentra envuelto en hechos de corrupción por enriquecimiento ilícito.

Grindetti, superintendente de la municipalidad bonaerense de Lanús, enfrenta una denuncia legal por la creación de empresas fantasmas en paraísos fiscales. El hecho surgió luego de que se descubrieran los nombres de las empresas, tras el escándalo de los Panamá papers.

>> Justicia argentina amplía investigación a Macri por Panama Papers

La denuncia legal la abrió el fiscal federal Patricio Evers contra Grindetti a quien imputaron este martes por delitos de corrupción, así como su participación directa en sociedades osffshore, creada por la firma de abogados Mossack Fonseca en la Ciudad de Panamá.

El actual jefe de la comunidad de Lanús no incluyó en su declaración jurada la cuenta Suiza ni las acciones de la firma Mercier International, que son al portador, una forma de ocultar a los verdaderos dueños. Entre Julio de 2010 y Julio del 1013, habría tenido poderes y una participación especial en el grupo de abogados, para participar en la firma Mercier International, además de la influencia para su participación en un banco suizo de la firma Clariden Lew AG. 

>> Empresa offshore de Macri sigue activa y genera operaciones millonarias

Como medidas para abrir las investigaciones, la Fiscalía solicitó a la Jueza Servini que libre exhortos a Suiza y Panamá. Actualmente el presidente Macri es investigado por su participación en empresas fantasmas en Panamá y Bahamas. De igual forma Evers solicitó a la jueza Servini pedir al gobierno porteño de la municipalidad de Lanús, las declaraciones juradas de Grindetti hasta la fecha.

La denuncia inicial la presentó el fiscal de instrucciones Martin Kiklison, tras conocerse el informe del escándalo sobre los Papeles de Panamá o Panamá Papers. El intendente tenía en 20012 orden de captura y prisión preventiva, no obstante y sin inconvenientes, asistió al mundial de fútbol en Brasil, porque de acuerdo con sus declaraciones esa orden no tenía ninguna vigencia.


En Contexto

Tras las revelaciones del Consorcio de Periodistas Internacionales, se conoció la participación activa de Néstor Grindetti, que sacudieron la figura del economista quien fue directivo de la firma SOCMA, perteneciente a la familia Macri.
A finales de abril el superintendente protagonizó otro hecho ligado con ribetes judiciales, cuando comenzó a circular una imagen en la que se le veía en la lista de los más buscados de la Policía Internacional INTERPOL, por una causa en Brasil. Fuentes judiciales del gobierno de Macri informaron que esa circular ya no tenía vigencia, y solo aparecía en el sistema por problemas administrativos.

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