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Con 231 votos a favor se aprobó el proyecto de ley.

Con 231 votos a favor se aprobó el proyecto de ley. | Foto: Cámara de Diputados de Brasil

Publicado 23 marzo 2017

Sindicatos y movimientos sociales de Brasil están en contra, al igual que el PT, del nuevo proyecto de ley del trabajo propuesta por Michel Temer.

El proyecto de ley aprobado este miércoles en el Congreso brasileño que amplía la tercerización del empleo a todas las actividades de las empresas, va a perjudicar a los trabajadores y les hará perder dignidad, sostuvo un experto en derecho laboral.

Hasta el momento, la tercerización es autorizada a las empresas contratistas que prestan servicios de limpieza, transporte y seguridad solo hasta cierta etapa del contrato. El nuevo proyecto autoriza a las compañías a contratar hasta para la actividad final que ejecutan.

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"Todo esto implica juntos una precaria (...) Vamos a hacer daño a la dignidad de los trabajadores", dijo el director de Asuntos Legislativos de la Asociación Nacional de Jueces del Tribunal Laboral (Anamatra), Luiz Colussi.

Para Colussi, el nuevo mecanismo legal amplía la brecha entre los trabajadores subcontratados y los otros empleados.

"Podría decirse que hay un pago de salarios por debajo de los contratistas, el número de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales también es mayor y no tienen la protección integral del mundo sindical", lamentó.

Por su parte, el congresista por el Partido de los Trabajadores (PT), Wadih Damous, declaró que la nación amazónica necesita salvaguardar las garantías conquistadas en los últimos años, como paso previo para detener la subcontratación.

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"El empleo como lo conocemos hoy en Brasil, que está protegido con todas las garantías legales y jurídicas va a terminar", vaticinó Damous.

El proyecto de ley, defendido por las patronales y rechazado con rotundidad por sindicatos y movimientos sociales brasileños, fue aprobado la noche de este miércoles por 231 votos a favor, 188 en contra y ocho abstenciones.

Así, la Cámara baja dio luz verde a la medida que ya contaba con el visto bueno del Senado, y ahora deberá ser sancionada por el presidente no electo de Brasil, Michel Temer, quien defiende la propuesta.

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