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El fiscal federal argentino Carlos Rívolo ordenó el inicio de las investigaciones en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kichner, su hijo Máximo y el empresario Lázaro Báez por supuesto enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos.
La investigación se enfoca en supuestas irregularidades y presunto lavado de dinero en la empresa hotelera Los Sauces.
La causa fue impulsada por una denuncia presentada el pasado 4 de abril por la diputada nacional de la Generación para un Encuentro Nacional, Margarita Stolbizer.
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"La sospecha recae sobre la manipulación y posible adulteración de documentos públicos relacionados con la empresa Los Sauces SA de propiedad de la Sra. Cristina Fernández y sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner; y que también modifican el contenido de las declaraciones juradas presentadas oportunamente ante autoridad competente", reseña la denuncia presentada por Stolbizer.
La denuncia insta a investigar los alquileres de inmuebles de Los Sauces S.A. a las empresas Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia, de Cristóbal López; y a Valle Mitre; Loscalzo y del Curto; y Kank y Costilla, de Lázaro Báez.
En contexto
El pasado 13 de abril fue citada por la Fiscalía como parte de una investigación por presuntas irregularidades en los contratos de dólar a futuro operados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) al final de su período presidencial.
Las acusaciones son hechas por el juez Claudio Bonadio, quien señala a Cristina, a Axel Kicillof y a otros 11 funcionarios, por el supuesto delito de "defraudación a la administración pública" por la decisión política de hacer la operación de dólar futuro.
En el documento adjudicado ante la autoridad judicial, la exmandataria negó los cargos en su contra y acusó al juez federal Claudio Bonadio de actuar a través de un "ejercicio abusivo del poder" y cometer prevaricato.
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