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También serán investigados el hijo de la exmandataria y el empresario Lázaro Báez.

También serán investigados el hijo de la exmandataria y el empresario Lázaro Báez. | Foto: La Segunda

Publicado 2 mayo 2016





El magistrado Carlos Rívolo pidió abrir la investigación con la exmandataria argentina por supuestas irregularidades en la empresa hotelera Los Sauces.

El fiscal federal argentino Carlos Rívolo ordenó el inicio de las investigaciones en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kichner, su hijo Máximo y el empresario Lázaro Báez por supuesto enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos.

La investigación se enfoca en supuestas irregularidades y presunto lavado de dinero en la empresa hotelera Los Sauces.

La causa fue impulsada por una denuncia presentada el pasado 4 de abril por la diputada nacional de la Generación para un Encuentro Nacional, Margarita Stolbizer.

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"La sospecha recae sobre la manipulación y posible adulteración de documentos públicos relacionados con la empresa Los Sauces SA de propiedad de la Sra. Cristina Fernández y sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner; y que también modifican el contenido de las declaraciones juradas presentadas oportunamente ante autoridad competente", reseña la denuncia presentada por Stolbizer.

La denuncia insta a investigar los alquileres de inmuebles de Los Sauces S.A. a las empresas Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia, de Cristóbal López; y a Valle Mitre; Loscalzo y del Curto; y Kank y Costilla, de Lázaro Báez.

En contexto

El pasado 13 de abril fue citada por la Fiscalía como parte de una investigación por presuntas irregularidades en los contratos de dólar a futuro operados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) al final de su período presidencial.

Las acusaciones son hechas por el juez Claudio Bonadio, quien señala a Cristina, a Axel Kicillof y a otros 11 funcionarios, por el supuesto delito de "defraudación a la administración pública" por la decisión política de hacer la operación de dólar futuro.

En el documento adjudicado ante la autoridad judicial, la exmandataria negó los cargos en su contra y acusó al juez federal Claudio Bonadio de actuar a través de un "ejercicio abusivo del poder" y cometer prevaricato.

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