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La Corte Suprema, luego de dictar condenas a los acusados, indemnizó a los familiares de las víctimas de 1987 con alrededor de 575.000 dólares.

La Corte Suprema, luego de dictar condenas a los acusados, indemnizó a los familiares de las víctimas de 1987 con alrededor de 575.000 dólares. | Foto: Archivo

Publicado 22 marzo 2017

Después de haber pasado 30 años, el máximo ente de justicia en Chile condenó entre tres y 15 años a los implicados en la desaparición de cinco miembros del partido comunista Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

La Corte Suprema de Chile sentenció este miércoles a 33 ex funcionarios de inteligencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) tras hallarlos culpables de los secuestros de cinco opositores de su régimen a partir de 1987. 

El máximo ente de justicia comunicó que dictó alrededor de tres y 15 años de cárcel para autores y cómplices de secuestros a miembros claves del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

Las condenas más extensas por autoría de los secuestros fueron para el ex jefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI), el  general Hugo Salas Wenzel, y el ex jefe operativo del organismo represor, el mayor Álvaro Corbalán Castilla, ambos cumplirán 15 años de prisión. 

Las víctimas militantes del partido comunista Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, desaparecieron luego de haber sido arrestados por agentes de la CNI en represalia por el secuestro del coronel Carlos Carreño en 1987.

El ministro especial para casos de DD.HH, Mario Carroza, indicó que los cuerpos de los desaparecidos fueron arrojados desde un helicóptero al mar en la costa de Quintay, en la región de Valparaíso.

Otros 21 funcionarios más fueron penados a 10 años y un día de cárcel por su relación en los hechos. Nueve recibieron condenas de cinco años y un día, y otro de 3 años y un día, que podrá cumplir bajo libertad vigilada.

Asimismo, la Corte Suprema confirmó que los familiares de las víctimas recibirán una indemnización del Estado por 380 millones de pesos (575.000 dólares aproximadamente).

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