La Puerta del Sol de Madrid vivió este martes 30 de septiembre una jornada histórica de resistencia popular en su cuarta noche de acampada consecutiva. Miles de manifestantes, trabajadores, estudiantes y colectivos sociales abarrotaron la emblemática plaza para defender el derecho a la vivienda y plantarle cara a las amenazas de grupos de extrema derecha y bandas parapoliciales que llamaron a desalojar el campamento por la fuerza.

La respuesta popular fue contundente, entre consignas como «¡Madrid será la tumba del fascismo!» y «¡No nos vamos, nos quedamos!», la masa trabajadora reafirmó su determinación de mantener la protesta frente al rentismo y la especulación inmobiliaria.

La tensión aumentó luego de que la derecha y la extrema derecha intensificaran sus amagos de agresiones en redes sociales.

Ante las amenazas, el Sindicato de Inquilinas y la asamblea ciudadana organizaron brigadas de autodefensa y vigilancia en los accesos de la plaza para resguardar a las cientos de familias y jóvenes acampados.

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Asimismo, los manifestantes enfrentaron las presiones de la administración de la Comunidad de Madrid, en poder del derechista Partido Popular y su referente, Isabel Díaz Ayuso, que dio un ultimátum a las autoridades centrales para desmantelar la protesta, amenaza que fue rechazada por la fuerza popular en las calles.

Mientras tanto, el movimiento en favor de la vivienda como derecho, del cese de los alquileres injustos y del fin de la especulación inmobiliaria tildó de «vergonzosa» la decisión del Poder Ejecutivo de dividir la regulación en dos decretos separados.

Desde la acampada popular en Puerta del Sol denuncian que se trata de un ardid político para garantizar los votos de las bancadas neoliberales en el Congreso, como Junts y el Partido Nacionalista Vasco (PNV). De acuerdo con manifestantes, se aprobarían parches temporales mientras se deja caer deliberadamente el decreto que contemplaba la renovación automática e indefinida de los contratos de alquiler, una demanda clave de los movilizados. La sesión extraordinaria del Congreso para abordar ambos decretos tendrá lugar el viernes próximo.

Sindicatos socialistas de vivienda en Cataluña y Euskal Herria calificaron el anuncio de «circo parlamentario» y advirtieron que las medidas anunciadas benefician a la patronal inmobiliaria al mantener subsidios públicos y millonarias bonificaciones fiscales a los rentistas.

Frente a las migajas del esquema parlamentario, la asamblea ciudadana acordó no desmovilizarse y avanzar en la articulación de delegaciones territoriales de barrio para convocar a grandes manifestaciones este fin de semana y sentar las bases hacia una huelga general que imponga la bajada del 50 % de los alquileres y la expropiación de las viviendas en manos de los grandes tenedores.

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