La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela aprobó por unanimidad la designación de los 11 parlamentarios que integran la Comisión Preliminar encargada de estructurar el Comité de Postulaciones Judiciales.

Esta instancia legislativa, presidida por el diputado Giuseppe Alessandrello junto al diputado Pablo Pérez en la vicepresidencia, dará inicio formal al proceso de selección de 12 representantes de la sociedad civil para conformar el órgano de 23 miembros que preseleccionará a las magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

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— Asamblea Nacional ???????? (@Asamblea_Ven) September 29, 2026

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, instruyó la instalación inmediata de la comisión para presentar el cronograma constitucional correspondiente.

Rodríguez explicó que, tras las reformas a la Ley Orgánica del TSJ sancionadas de forma unánime y la reconfiguración del escenario político posterior al doblete sísmico de junio de 2026, la Asamblea Nacional resolvió «reiniciar el cuentakilómetros» normativo.

Esta acción concreta da cumplimiento directo a los acuerdos suscritos el pasado 25 de septiembre entre la delegación del Gobierno Nacional y la representación parlamentaria de 2015 al cierre del segundo ciclo de conversaciones en Caracas.

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El procedimiento parlamentario avanza en paralelo a la instalación del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos, integrado por siete juristas de amplia trayectoria designados en la mesa de diálogo nacional para verificar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las candidaturas.

Asimismo, la renovación de la máxima instancia judicial se articula con la reciente iniciativa enviada al Legislativo por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, para reformar de manera urgente la Ley contra el Odio y profundizar la despenalización en el sistema penal.

Durante la misma sesión ordinaria, la plenaria abordó proyectos de cooperación internacional y ratificaciones diplomáticas en el hemisferio, consolidando la agenda de soberanía e institucionalidad.

Con la activación de estos mecanismos de participación popular e institucional, el Estado venezolano da pasos firmes hacia la transformación integral del Poder Judicial, fortaleciendo la confianza en las instituciones republicanas, el debido proceso y la convivencia pacífica de la sociedad.

En paralelo, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, remitió un documento oficial a la junta directiva de la Asamblea Nacional para solicitar, con carácter de urgencia parlamentaria, la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

La iniciativa, dirigida al presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, plantea como objetivo central la despenalización de conductas tipificadas en el texto aprobado en 2017, impulsando una adecuación del marco legal a las dinámicas políticas y sociales actuales del país.

La propuesta del Ejecutivo nacional propone flexibilizar el régimen sancionatorio y abrir espacios de diálogo social basados en el respeto a la diversidad y la protección de la dignidad humana. De acuerdo con el documento emitido en Caracas, esta modificación busca consolidar la paz interna, dinamizar la participación política y robustecer la confianza ciudadana en el sistema penal venezolano, en consonancia con los principios de soberanía democrática y fortalecimiento institucional del Estado.

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