En un hito considerado como la primera victoria concreta de las manifestaciones populares contra la especulación inmobiliaria en España, la octogenaria Maricarmen Abascal regresará a la vivienda donde residió durante siete décadas. El pacto, que todavía debe ser ratificado por la propia mujer de 87 años y con movilidad reducida, establece su regreso a la vivienda del barrio madrileño de Retiro cuando reciba el alta hospitalaria.

La resolución se alcanzó tras una jornada de mediación de más de cuatro horas entre la representación legal de la afectada, el Sindicato de Inquilinas de Madrid, la empresa propietaria del inmueble y el Ayuntamiento madrileño, estableciendo que la mujer quien presenta una discapacidad del 50 por ciento habitará el espacio mediante un contrato de arrendamiento ajustado al programa municipal, cuyo monto no superará el 30 por ciento de sus ingresos netos.

El caso de Maricarmen, que pagaba unos 500 euros mensuales por un antiguo contrato de alquiler, se convirtió en el rostro de las dificultades de acceso a la vivienda en España. Tras la adquisición del inmueble por parte de Urbagestión en 2018, la propiedad reclamó el fin del contrato y planteó un alquiler muy superior a la pensión de la mujer.

La resolución del caso ocurre en medio del incremento de la presión social ejercida desde la acampada en la Puerta del Sol de la capital española, donde más de 300 tiendas de campaña permanecen instaladas para exigir reformas estructurales al Gobierno de coalición.

Las organizaciones de inquilinos y movimientos juveniles movilizados ratificaron sus exigencias para que el marco legal prohíba por ley los desalojos de familias vulnerables, restablezca los contratos de arrendamiento de duración indefinida y concrete la expropiación de inmuebles en poder de fondos de inversión, advirtiendo con la convocatoria a una huelga general de no incluirse estas garantías en los próximos decretos gubernamentales.

LEA TAMBIÉN:

Activistas acampan en Palma de Mallorca bajo reclamo de frenar desahucios en España

El consenso alcanzado contempla un contrato amparado en la Ley de Arrendamientos Urbanos por un período de ocho años, contando con el respaldo de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo para brindar asesoría jurídica y seguros de impago a la parte propietaria.

La defensa legal de Abascal y las organizaciones sociales destacaron que el retorno de la octogenaria a su hogar fue posible únicamente gracias a la masiva solidaridad popular y a la resistencia en las calles, que visibilizaron la vulneración de derechos provocada por el mercado inmobiliario.

Este logro impulsa la determinación de los colectivos por el derecho a la vivienda en todo el territorio español, que aguardan la aprobación de las medidas urgentes por parte del Consejo de Ministros.

La ciudadanía movilizada mantiene la vigilancia ante las decisiones del Ejecutivo, afirmando que la restitución del hogar de Maricarmen debe constituir el punto de partida para erradicar definitivamente las expulsiones forzadas y frenar los abusos de las empresas arrendadoras en el país.

En paralelo, el Gobierno de coalición español, conformado por el PSOE y la alianza de izquierdas Sumar, concretó un acuerdo decisivo para impulsar dos decretos ley dirigidos a atender la emergencia habitacional que afecta al país.

Las medidas se incluyeron en la agenda del Consejo de Ministros de este martes, como resultado de profundas discusiones orientadas a consolidar la agenda parlamentaria. La decisión de separar las normas en dos textos normativos busca agilizar las acciones más urgentes en materia de protección social, desligándolas de los puntos que demandan acuerdos políticos de mayor complejidad.

La negociación se tensó debido al reclamo firme de Sumar, espacio que condicionó su participación en el encuentro ministerial a la inclusión de garantías concretas para la clase trabajadora, tales como el freno efectivo a los desahucios, la regulación del alquiler por habitaciones y la prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento.

EN ESTA NOTA: