Sindicatos de inquilinas, organizaciones de barrio y colectivos sociales en España tomaron las plazas emblemáticas de las principales ciudades con epicentro en la Puerta del Sol en Madrid, así como en Sevilla, Málaga y Cádiz para exigir el cese inmediato de los desahucios, la expulsión de los fondos buitre y la garantía del derecho a la vivienda frente al negocio especulativo del mercado.

Las protestas de se intensificaron tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años y con discapacidades, quien fue expulsada de su hogar. La masiva respuesta popular, iniciada días atrás y proseguida este miércoles 30 de septiembre, no solo logró articular el movimiento de resistencia en la calle, sino que forzó la restitución de la afectada a su vivienda bajo condiciones de alquiler justo.

La precarización de la clase trabajadora es especialmente crítica en ciudades golpeadas por la turistificación como Málaga, donde la oferta de pisos turísticos supera a la de los residentes locales.

En estas zonas, la juventud y la clase trabajadora enfrentan precios exhorbitantes que absorben más del 60 % y en el caso de los jóvenes, hasta un 127 % de sus ingresos para acceder a un techo.

Las asambleas populares reunidas en las acampadas plantean desmercantilizar la vivienda e integrar la lucha con movimientos obreros, ecologistas y feministas, perfilando la convocatoria a marchas masivas el 3 y 4 de octubre y una posible huelga general.

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Ante la presión social, el Ejecutivo español acordó emitir dos reales decretos ley orientados a prorrogar la suspensión de desahucios vulnerables y aplicar impuestos a grandes tenedores.

Sin embargo, los colectivos rechazan que el articulado haya sido dividido en dos textos separados, denunciando una maniobra del Poder Ejecutivo para aguar la regulación frente a intereses inmobiliarios.

Las organizaciones sociales advierten que mantendrán la ocupación de las plazas hasta que el Congreso convalide, el viernes próximo, el paquete de medidas de forma completa. Los movilizados exigen congelación total de alquileres, prórroga indefinida de contratos y freno definitivo a la especulación rentista.

La ciudadanía movilizada mantiene la vigilancia ante las decisiones del Ejecutivo, afirmando que la restitución del hogar de Maricarmen debe constituir el punto de partida para erradicar definitivamente las expulsiones forzadas y frenar los abusos de las empresas arrendadoras en el país.

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