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La isla vitrina del imperio colonial norteamericano, vaciada por depauperación, les ha dejado con poco más de tres millones de habitantes. Más del 65% de los boricuas vive en Estados Unidos, en una geografía separada entre Florida, Nueva York y Nueva Jersey entre desigualdades económicas. También entre nostálgicas melodías de la música jíbara – mezcla cultural entre españoles, taínos y africanos- la bomba, la plena de los estertores del cañaveral, el tambor, el sudor negro del arrabal y el reggaetón actual. Viven la disparidad económica y cultural entre los puertorriqueños de la Isla y la diáspora, como una grieta abierta.

Puerto Rico es una sola nación

“Esa leonera que tienen organizada ustedes allá” (…) “Se dice inclusive que yo no voy a Puerto Rico mientras no sea un país independiente. Eso no es culpa de todos los puertorriqueños. Es culpa de los Estados Unidos en complicidad con algunos puertorriqueños”. Dijo el célebre escritor, Gabriel García Márquez. 

Puerto Rico fue el único país caribeño que nunca visitó el inmortal escritor, alegan algunos lectores, pero el Gabo sí estuvo muchas veces en la Isla, haciendo escala de Bogotá a Madrid, pero encerrado en un pequeño cuartito del aeropuerto casi hermético, que lo hacía sentir como en una celda con un guardia a la entrada. Y es que por su verticalidad, el Gabo había chocado contra el muro imperialista de la Ley McCarran, al negarse a declarar que no era comunista, comentó el periodista Josean Ramos.

Mujeres y hombres de honor han hecho resistencia al imperio, frente a la vigilancia sobre el nacionalismo puertorriqueño. “Puerto Rico es una sola nación y quienes han tenido que abandonar nuestra tierra por condiciones y limitaciones impuestas por la colonia, son parte fundamental y activa de nuestro proceso de liberación”, expresó recientemente la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), licenciada María de Lourdes Santiago Negrón.

Hizo la analogía de que, al igual de que el pueblo estadounidense celebró este cuatro de julio,  250 años “de su independencia, de su liberación del imperio británico; en ese contexto el independentismo puertorriqueño reclama el derecho a la libre determinación e independencia, más urgentemente que nunca, que vemos y padecemos el colapso del régimen colonial y a su incapacidad de proveer, para el bienestar de los nuestros y las nuestras”, afirmó Santiago Negrón.

Allí todo se hace más difícil. Desde el huracán María de categoría cinco que arrasó la isla (2017), la crisis fiscal y los terremotos (2019-2020), se intensifican los debates sobre la gentrificación en Puerto Rico. Se incrementa el valor de propiedades en comunidades pobres, provocando el desplazamiento de residentes locales, avasallados por la violencia sistemática. Es una sociedad agresiva desde muchos puntos de vista. 

Un informe de la DEA dice, que los narcotraficantes usan a Puerto Rico como un lugar de tránsito importante en el Caribe. Parece ficción, cuando el gobierno de Estados Unidos está a cargo de la seguridad de todo. La llamada “guerra contra las drogas” -desde la década de 1970- ha contribuido a expandir más ese mercado, que a reducirlo. Puerto Rico funciona como ruta de tránsito de la droga y como base militar para intervenciones en otros países.

Entonces continúa enfrentando altos niveles de violencia, comparables a regiones con presencia fuerte de narcotráfico y crimen organizado. Datos internacionales la colocan con tasas cercanas a 14.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que supera a múltiples países completos, que tienen poblaciones mucho mayores. 

En la primera mitad del año en curso, la Isla registró 248 asesinatos violentos, 17 más que en el mismo periodo en 2025. Gran parte de los crímenes continúan vinculados al narcotráfico, ajustes de cuentas y disputas entre organizaciones criminales, una cifra que vuelve a colocar a la isla entre las jurisdicciones más violentas del Caribe y América Latina proporcionalmente a su población, dijo el diario Primera Hora.

Todo tiene que ver

Es evidente la parálisis en la gestión pública marcada -en los últimos 20 años- por un desprestigiado bipartidismo, el salto de las cúpulas políticas del poder colonial cada cuatrienio electoral, en el magnífico ‘deporte’ del saqueo de los recursos naturales, los fondos públicos y el patrimonio ambiental, en favor de grandes corporaciones extranjeras.

De acuerdo con el periódico CLARIDAD, la realidad de una infraestructura de aguas en ruinas por la falta de inversión y mantenimiento, mala gestión y decisiones de los gobiernos incompetentes y corruptos, han provocado que miles de familias, vecindarios y comunidades en todas partes de Puerto Rico carecen del vital líquido. Esta cruda realidad es particularmente marcada en el Área Metropolitana de San Juan y otros municipios aledaños, donde se concentra la mayoría de la población, que no tienen acceso continuo al agua potable de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ( AAA). 

Estas vivencias que parecen surrealistas, son la triste realidad de miles de familias puertorriqueñas hoy,  porque tanto la AAA, como LUMA Energy, GeneraPR y la carbonera AES, han provocado apagones indiscriminados en distintas áreas de Puerto Rico, en medio de la peor ola de calor de este verano. 

LUMA ha solicitado numerosos aumentos de tarifa -y se le han concedido- que pagan sus abonados residenciales y comerciales. A la carbonera AES, el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal (JCF) le extendieron un rescate millonario hace apenas un tiempo para que no cayera en el impago de sus deudas y así sostener artificialmente su «viabilidad financiera»; indicó el Diario CLARIDAD en un editorial.

Son empresas privadas beneficiadas con cientos  de millones de dólares, de dinero asignado al pueblo de Puerto Rico, tras el paso del huracán María en 2017, para rehacer el sistema eléctrico. Esas empresas responden al interés de sus accionistas y no al interés de la población. Indicativo de un gobierno sin valores, para defender el interés del pueblo al que le piden los votos. De una Junta de Control Fiscal negligente en sus funciones, y unos operadores de servicios privados, a los que solamente les importan sus ganancias y no el servicio a sus abonados, define CLARIDAD.

El proyecto Esencia

Durante los últimos meses, mediante componendas, legislaciones, decisiones ejecutivas y judiciales, el gobierno de Puerto Rico ha ido cediendo importantes derechos del pueblo sobre los recursos y patrimonio, en una descarada ofensiva para privatizar las costas, y desplazar comunidades enteras.

Por ejemplo, el proyecto Esencia pretende enajenar unos 8 kilómetros (aproximadamente 2,000 cuerdas) de tierra protegida en Cabo Rojo. Ubicado en el suroeste de Puerto Rico, es una las zonas costeras paradisíacas de la isla antillana, actualmente amenazado con la construcción de un mega complejo residencial y recreativo, que definitivamente traerá un daño irreversible a la actual población del área y al tesoro ecológico de la Reserva Natural de Boquerón.

Organizaciones ambientales, expertos y líderes políticos han señalado al proyecto Esencia, como una amenaza al medio ambiente, a los servicios básicos y al fisco gubernamental. Tras ello están las compañías extranjeras Three Rules Capital, Rosewood Group, Aman Hotels y Mandarín Oriental -causantes de daños en otras comunidades del mundo- cuentan con millones de créditos del Gobierno de Puerto Rico, mientras los alcaldes locales, apoyan Esencia, porque ‘supuestamente’ generará nuevos empleos y riquezas.

El gobierno de Puerto Rico, una isla con recursos limitados, una infraestructura vulnerable de abasto de agua y un sistema eléctrico frágil, ha autorizado el megaproyecto sin planificación, desconociendo la capacidad real de la infraestructura del país, que traerá mayores racionamientos, apagones y una presión adicional sobre los recursos naturales.

La inversión del Proyecto Esencia, estimada en más de $2,600 millones, se plantea para la una región como Cabo Rojo, que ha enfrentado condiciones de sequía y estrés hídrico. De forma similar sucedió con las propuestas en Punta Bandera, Luquillo, y en los terrenos adyacentes a la Reserva Natural Playa La Esperanza, en Manatí. 

La polarización del debate público actual, plantea una actitud combativa frente al futuro de los humedales, las áreas de recarga de acuíferos y la resiliencia costera, además de la afectación a las comunidades, que actualmente sufren con las interrupciones de estos servicios.

En tal sentido se ha pronunciado la comunidad científica reunida en el encuentro Ciencia y conservación de Puerto Rico, para pronunciar un firme rechazo al proyecto Esencia en Cabo Rojo, donde subrayan la amenaza de la viabilidad ecológica de la zona, la condena de especies endémicas en peligro de extinción en hábitats críticos, al igual que el ataque a la provisión de servicios ecosistémicos a varias escalas.

También señalan los efectos nefastos sobre el agua, la  escasez de terreno y paisaje viable sin contaminantes para la vida terrestre/acuática, incluida la humana. Insisten en que el proyecto representa una pérdida de refugios térmicos y corredores forestales de calidad para poblaciones no humanas y humanas, que enfrentarán en los próximos años nuevas condiciones climáticas y físico-químicas, e impacta las dimensiones psicosociales y económicas que las sostienen.

Más de la crisis

Entre las políticas neoliberales impuestas en Puerto Rico desde el 2008 y profundizadas por la Junta de Control Fiscal (JCF), se estableció una reducción significativa en el presupuesto para el Programa de Mejoras Capitales hasta el año fiscal 2039 (de un 26% en el presente, a un 11%), sobre la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en un país donde se pierde el 52% del agua, por deficiencias en su estructura; o sea unos 267 millones de galones diarios. Obviamente, las medidas gubernamentales suceden sin reducir el pago a los bonistas.   

Las cinco compañías a cargo del desarrollo y operación del proyecto de Esencia, han dejado rastros de daños ambientales en otros países al construir complejos turísticos de lujo. La anterior afirmación es el resultado de la investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) sobre Esencia. 

Cristina Algaze Beato, arquitecta y especialista en edificios verdes, señaló que ciertas organizaciones -con la encomienda de certificar proyectos alegadamente ‘sostenibles’- tienden a ser financiadas por la misma industria que evalúan, por lo que sus métricas están basadas en lo que dictaminen sus clientes. 

Three Rules Capital aseguró que apenas el 25% de los terrenos serán impactados, al tratarse de superficies que sufrirán cambios irreversibles con la construcción de calles, edificios o movimientos de tierra permanentes, citó el CPI.  Entretanto, las investigaciones periodísticas han revelado que Audubon International ha certificado parques de golf, donde se han cazado miles de aves de manera intencional.

Se ha reiterado que el tamaño de Esencia, equivale al tamaño de tres isletas de San Juan, desde Puerta de Tierra a El Morro. El 40 % del terreno está catalogado como ‘Suelo Rústico Especialmente Protegido-Ecológico’ y colinda con dos reservas naturales. 

El proyecto contempla la construcción de 1,132 residencias, cuyos precios oscilan entre los $2 y $20 millones de dólares, 520 unidades de hotel, dos campos de golf y otras edificaciones múltiples, incluido un edificio para alojar empleados, informó el periódico CLARIDAD. Los mismos serán administrados por las cadenas Rosewood Hotels, Mandarin Oriental y Aman Resorts, especializadas en proyectos de lujo que administran complejos similares en Bahamas, Islas Caimán y México.

De acuerdo con la opinión más reciente del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) sobre Esencia, el 68% de las cerca de 1,550 cuerdas de terreno a utilizar, serán impactadas de algún modo. Apenas el 20% se supone que se preserven en estado natural y el 11% restante fueron declaradas como Bienes de Dominio Público Marítimo Terrestre.

“El turismo de lujo no es, por definición, ambientalmente amigable”, puntualizó el planificador Ariam Torres Mercado. “En el caso del proyecto Esencia, no estamos hablando de una intervención pequeña ni de bajo impacto, sino de un megaproyecto turístico, residencial y comercial, con un consumo intensivo de suelo, agua, energía e infraestructura, además de impactos indirectos sobre ecosistemas sensibles y nuestros recursos naturales”. El también profesor, dijo que la sostenibilidad real, tiene que estar sustentada en métricas, monitoreos y obligaciones concretas. 

Una larga lucha de resistencia cívica popular, también lo lleva el proyecto para la ampliación del hotel Normandie en plena isleta de San Juan, que afectará el acceso público a la playa del Escambrón y convertiría en un estacionamiento privado al histórico Parque Sixto Escobar.

Por la protección de la gente y los recursos naturales

Casa Pueblo, el proyecto de autogestión comunitaria comprometido a proteger los recursos naturales y culturales en la zona montañosa de la región occidental de Adjuntas, se sumó a las voces que han alertado sobre la grave crisis hídrica que surgiría en el suroeste de Puerto Rico. Si el megaproyecto Esencia llega a construirse, provocaría un daño ambiental irreversible en suelos del más alto valor ecológico, el desplazamiento de las comunidades locales y sería una sentencia permanente de racionamiento de agua para el suroeste del país. “La seguridad hídrica de nuestra gente y Esencia no son compatibles”, afirmó Arturo Massol Deyá, Director Asociado de Casa Pueblo en Adjuntas y Catedrático de la Universidad de Puerto Rico.

“Y sin agua no hay vida, así de sencilla y dramática es la amenaza que enfrenta la región ante este proyecto” (…) “La zona metropolitana y el este del país, sufren actualmente las consecuencias de la sequía, ya sea por racionamientos programados o porque les dejan a secas de manera constante sin previo aviso. Insistir en Esencia cuando una parte de la población ya enfrenta inseguridad hídrica, y conociendo que la situación solo empeorará, es inexcusable y criminal”, aseveró Massol Deyá. Ph.D en Microbiología, Universidad de Michigan y profesor en el Recinto Universitario de Mayagüez.

La desregulación ambiental abre la puerta al desmantelamiento de las áreas naturales, amenaza la sostenibilidad y la vida misma. Casa Pueblo, tiene una larga historia de lucha e importantes victorias en la protección de los recursos naturales y la gente, por lo que reitera su oposición al megaproyecto Esencia y manifestó la necesidad de la resistencia. Daremos el acompañamiento y tomaremos las acciones que requiera esta lucha”, agregó el también microbiólogo.

Casa Pueblo es una organización de autogestión comunitaria fundada en 1980 para combatir la propuesta de explotación minera en la cordillera central, una lucha que ganó en 1995. Posteriormente, del 2010 al 2012, lideró la oposición al gasoducto del norte, en la cual también salió airosa. Su manejo comunitario del Bosque del Pueblo y el Bosque Escuela La Olimpia, sus propuestas educativas y culturales, su proyecto de autosuficiencia económica Café Madre Isla, y su abogacía por una transición energética justa, conforman un modelo alternativo de país que pone al centro las necesidades de la gente, respetando el entorno natural.

El pueblo en resistencia

“Los puertorriqueños tenemos que defender nuestra patria. La misión de hacer la transferencia de la generación que represento, que es bastante atrasadita, a esta generación que hoy se levanta con toda la dignidad, el esfuerzo, el honor. Y me perdonan los hombres, pero las mujeres, ¡con las mujeres!… ​En la lucha por la libertad no puede haber cansancio. Aunque nuestro cuerpo diga que no, tenemos labor y tenemos el sentimiento en el corazón de la libertad”, aseveró Heriberto Marín Torres, uno de los patriotas que participó de la Revolución de Jayuya, en 1950, durante una reciente manifestación que recorrió casi todo el casco histórico de San Juan y donde participaron una veintena de organizaciones comunitarias, estudiantiles, ambientales y políticas, por la independencia de Puerto Rico y oponerse a la imposición de la Junta de Control Fiscal (JCF) y a la falta de autonomía del país. 

“Yo creo que se han perdido muchos de los miedos que, por décadas, sembró el carpeteo o la ilusión de que se pudiera alcanzar verdadero desarrollo bajo la colonia. Ese mito ya desapareció y hay muchísima más apertura. En un momento en que es tan evidente en las cotidianas, como que no hay agua, o no hay luz o las carreteras parecen irreparables. Hay más conciencia en esa cotidianidad tampoco funciona el sistema actual”, expresó a CLARIDAD María de Lourdes Santiago Negrón, senadora por el Independentista Puertorriqueño (PIP). 

“En este año, que son los 250 años de la independencia de los Estados Unidos, hay que plantearse, si lo que era bueno para ellos, era bueno para nosotros”, planteó la abogada y legisladora, con la mayor cantidad de votos en la contienda de 2024. Argumentó que existe, particularmente entre la juventud, una nueva forma de concebir la política de Puerto Rico, aunque reconoce “que son más difíciles de movilizar para actividades de calle”.

 “A 128 años del dominio colonial de los Estados Unidos sobre nuestro archipiélago, a 74 años del engaño del Estado Libre Asociado (ELA) y a diez años de la imposición, por parte de los Estados Unidos, de la Ley PROMESA y la dictadura de la Junta de Control Fiscal, se hace cada vez más evidente del sistema colonial. El modelo económico basado en la extracción de riquezas para el beneficio de los grandes intereses, ha dado paso a una gran indignación, pero a una renovada voluntad de lucha y resistencia”, comentó Gabriel Casal, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Con igual combatividad se manifestaron Nairobi Gabriela Hernández, de la Colectividad Combativa Estudiantil, y Sebastián Castrodad, del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH). Todos denunciaron la permanencia de la Junta de Control Fiscal, el desfinanciamiento de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y otros patrimonios históricos, asi como el alineamiento con las políticas de Donald Trump, como modos contemporáneos de legitimar la colonia.

Los puertorriqueños no aguantan más aumentos a la luz

Una red de funcionarios electos locales en Estados Unidos, junto a más de 200 funcionarios electos de 29 estados y de Puerto Rico, presentaron un escrito de amigo de la corte ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston (TA), en oposición a la nueva apelación de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que solicitan prioridad de pago de $3.7 mil millones.

Se trata de ilustrar al Tribunal de apelaciones sobre el impacto humano de este caso y argumentan que una decisión judicial que favorezca la postura de los bonistas es alarmante. “En este caso está en juego que más de 3 millones de personas en Puerto Rico puedan tener un sistema eléctrico estable y asequible», señaló Julio López Varona, portavoz de la Campaña No + Aumentos.
Los nuevos aumentos a los costos de la luz, serán nuevamente para las personas que pagan las tarifas, en los hogares y negocios en Puerto Rico, ya que la AEE está en quiebra.  La AEE es la única compañía eléctrica de Puerto Rico y son los trabajadores, jubilados, hospitales, escuelas, pequeñas empresas y familias quienes dependen de un sistema eléctrico frágil, costoso y poco fiable.

“Las acciones de estos bonistas no se quedan en Puerto Rico. Las implicaciones de una decisión positiva hacia los bonistas le quitarían el poder a las municipalidades de invertir dinero en sus comunidades en momentos de emergencia. Esto sería desastroso. Por ello, aplaudimos a estos oficiales electos por levantar la voz por la gente de Puerto Rico y entender las implicaciones que estas acciones tienen más allá del archipiélago”, concluyó el portavoz de la Campaña No + Aumentos.

El otro huracán

Ya no hablamos de María, aquel fenómeno climatológico categoría 5, que  devastó esta hermosa isla del Caribe hace casi una década, sino de la involución impuesta por el Gobierno Colonial y la Junta de Control Fiscal, sobre ésta sociedad lastimada.

Como un juego macabro, se rehúsan a auditar la deuda contraída por desgobiernos bipartidistas -en los últimos 30 años- con los bonistas, la cual suma unos 143.000 millones de dólares. El escritor Eduardo Lalo la describió como “una deuda inconmensurablemente, mayor que la de países varias veces más grandes que Puerto Rico”.

El actual gobierno defiende a como dé lugar, la privatización del servicio eléctrico. Negados a encontrar soluciones fiscales estructuralmente sólidas, para los problemas que enfrenta la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico – AEE- han convertido este polémico proceso en el ABC del capitalismo neoliberal. 

Millones de dólares en honorarios para los asesores de la “Junta” y el aumento galopante de las tarifas, más allá de una tasa económicamente sostenible para la mayoría de los puertorriqueños. 

Una tajada que encierra conflictos de intereses entre asesores de la JCF, las compañías asociadas y oscuras figuras del gobierno, que aún así van a todas por su porción económica, según afirmó el periódico estadounidense The Wall Street Journal.

La eficiencia anunciada con la privatización y distribución del sistema eléctrico, se convirtió en un rotundo fracaso. Esta crisis se manifiesta simultáneamente en vertientes financiera, productiva, ecológica y de legitimidad política, generando inestabilidad social sistémica, desempleo y aumento de la pobreza.

Puerto Rico se ha acostumbrado a una economía estancada, donde los fondos federales ofrecen estabilidad sin transformación. Entre tanto, funcionarios del gobierno e inversionistas se afilan los dientes, sin que realmente les importe la calidad de la vida de quienes aún están sin servicio eléctrico y sin agua. 

Después del huracán María, unas 184 000 personas abandonaron Puerto Rico. Fue casi el 6 por ciento de su población, la mayor caída demográfica registrada en su historia, indicó el Instituto de Estadísticas de la isla caribeña. Muchos se fueron a vivir a Estados Unidos, donde habitan comunidades de puertorriqueños, previamente establecidos.

Algunos demógrafos lo compararon con la reducción poblacional que vivió Irlanda, durante la hambruna del siglo XIX. El escenario de una isla vaciada, ha sido preconcebido. Actualmente la condición colonial se enfatiza como un boomerang de desalientos e imposibilidades, cuando la gente clama por auxilio.

Puerto Rico, donde no falta el colonizado que quiera salir en la foto, es un territorio bajo los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos y existe toda evidencia legal ante la crítica situación. Aun así les estrujan en la cara que son considerados “norteamericanos de segunda”. 

Al cierre de este artículo, una representación del pueblo de San Juan, la capital, se manifestó frente al Hotel Fairmont, en Isla Verde, donde la mandataria organizó la primera de dos actividades para celebrar su cumpleaños número 50 y para recaudar fondos de campaña con personas VIP (Very Important Person), a un costo de 2, 500 dólares por persona. Publicaciones y videos en las redes sociales mostraron a los manifestantes en repudio y reclamo por la sequía extrema, los constantes apagones y la propuesta de construcción del Megaproyecto Esencia, en Cabo Rojo. 

La organización Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) convocó la manifestación dirigida a crear un espacio público de denuncia, para que la ciudadanía pueda expresar su descontento con la administración de la gobernadora, cuestionada en su viabilidad política, cuando faltan dos años para el fin de su mandato. “Lo que se paga ahí no es por otra cosa que por ganar acceso los contratos y decisiones del gobierno. Protestaremos con igual vehemencia contra la gobernadora, como contra los donantes que en nada buscan el interés público”, indica el comunicado. Mientras, personas gritaban “¡Traidores!” y “¡Corruptos” a los invitados mostrando pancartas alusivas a la crisis de agua potable y de energía eléctrica.

“Esta manifestación se da en el contexto de una crisis en tres servicios esenciales en el país: agua, luz y educación. Estas crisis tienen en común que han sido creas por las medidas neoliberales que por tiempo el PNP ha estado imponiendo y la falta de acción sensata y efectiva para resolver. Igualmente, se denuncia la indignación ante la aprobación de permisos conducentes al desarrollo del nefasto proyecto Esencia”, añade. 

El cambalache estampado en las maniobras corruptas, es evidente. El diario El Nuevo Día describió a finales de agosto: ‘El comité de campaña de la gobernadora aún no ha radicado sus informes de ingresos y gastos ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE) correspondientes a los meses de abril a junio. Pidió una prórroga’.

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Fin de agosto-2026

Quizá el artista puertorriqueño Bad Bunny, ha sacudido el sentimiento nacionalista entre los puertorriqueños que lo escuchan. Sus conciertos finales de la gira mundial, ‘Debí tirar más fotos’ se convirtieron en multitudinarios recibimientos en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, desde donde alentó al pueblo a defender su patria con orgullo. ‘Les quiero traer esperanza y fuerza para seguir defendiendo esta tierra’, aseguró y mostró su rechazo al megaproyecto turístico Esencia.

Al día siguiente, el domingo 23 de agosto del 2026, una marcha popular organizada por la sociedad civil y política, desde varios días atrás, sumó a más de 30. 000 personas que salieron a protestar en Cabo Rojo, levantando una voz: ¡Esencia no va! Estuvieron presentes una multitud de jóvenes, adultos mayores, líderes comunitarios, feministas, profesionales, ambientalistas, entre la gran marea de pueblo, que desde entonces se alistaban para otra manifestación popular el 31 de agosto.

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