Las denuncias por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio en Ecuador alcanzaron su nivel más alto de los últimos 11 años, contabilizando 147 casos entre enero y julio de 2026, según estadísticas de la Fiscalía General del Estado.

Este incremento refleja una escalada en la violencia estatal derivada del uso exagerado e innecesario de la fuerza por parte de policías y militares, tendencia que se disparó a partir de 2024 tras la declaración del conflicto armado interno y la militarización promovida por el Ejecutivo.

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— teleSUR TV (@teleSURtv) August 31, 2026

Frente a este desborde estadístico, Fernando Bastias, integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), advirtió que la cifra real de violaciones a los derechos humanos podría ser aún más grave.

Bastias denunció que la Fiscalía incurre en una falla metodológica al clasificar como extralimitación hechos que deberían investigarse como ejecuciones extrajudiciales cuando culminan en muertes bajo custodia estatal, ocultando la dimensión real de los decesos provocados por la fuerza pública.

El delito de extralimitación, tipificado en el artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se materializó en graves agresiones físicas contra ciudadanos.

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El 21 de mayo de 2026, seis policías fueron procesados en Quito tras agredir a una familia en Iñaquito, donde un uniformado impactó con su motocicleta a una niña y posteriormente los oficiales rociaron gas pimienta y propinaron golpizas que provocaron trauma facial y fracturas con 90 días de incapacidad a una de las víctimas.

Asimismo, el 29 de junio de 2026, la Unidad Judicial Albán Borja de Guayaquil llamó a juicio a tres policías que brutalmente golpearon a un ciudadano esposado en la Unidad de Policía Comunitaria de Kennedy Norte, tras detenerlo por una boleta de pensión alimenticia.

Debido a la gravedad de los golpes en el ojo izquierdo, tórax y costillas, la víctima tuvo que ser trasladada de emergencia a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Abel Gilbert Pontón.

En ese sentido, decenas de familiares y organizaciones de derechos humanos se concentraron el primero de septiembre frente al Palacio de Carondelet, en Quito, para exigir verdad, justicia y reparación ante las desapariciones forzadas ocurridas durante operativos de las Fuerzas Armadas.

Los manifestantes denunciaron la existencia de al menos 53 casos registrados desde enero de 2024, período en el que el presidente Daniel Noboa declaro el conflicto armado interno y otorgo protagonismo militar a la seguridad estatal tras clasificar a 22 grupos delictivos como terroristas.

Durante la protesta promovida por el Comité de Familiares por Verdad y Justicia, los asistentes demandaron la entrega inmediata de los nombres de los efectivos que integraron los patrullajes y la ubicación exacta de las victimas.

Testimonios de los allegados relataron la angustia vivida tras interceptaciones arbitrarias registradas en imágenes, donde a pesar de no hallar elementos ilícitos, los ciudadanos fueron detenidos por tropas militares sin que hasta la fecha se conozca su paradero.

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