Una balacera durante un evento gastronómico en Ibarra, un ataque armado que dejó tres muertos en Santa Elena y disparos en los exteriores del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo evidencian la continuidad de la violencia en Ecuador. Estos hechos, ocurridos en pocos días y en distintos puntos del país, reflejan un patrón de inseguridad que se mantiene en expansión.

De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, entre enero y mayo de 2026 se registraron 3.485 homicidios intencionales, cifra que constituye la segunda más alta en la historia del país, solo superada por los 4.083 asesinatos reportados en el mismo período de 2025. Este nivel de violencia implica que en Ecuador se comete un homicidio aproximadamente cada 1 hora y 2 minutos, equivalente a 23 crímenes diarios.

Las estadísticas muestran un incremento sostenido en los últimos años. Los homicidios registrados en 2026 superan en 37,1 por ciento los casos de 2024, cuando se contabilizaron 2.542 asesinatos, y son 16 por ciento más altos que los de 2023, que registró 3.005 muertes violentas en el mismo período.

La comparación histórica evidencia un aumento más pronunciado frente a 2022, con 1.793 homicidios entre enero y mayo, la cifra actual representa un incremento del 94,4 por ciento.

En relación con 2021, cuando se reportaron 869 asesinatos, el crecimiento alcanza el 301 por ciento, lo que confirma que “el número de homicidios prácticamente se cuadruplicó en apenas cinco años.”

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El contraste con años anteriores es aún más significativo. Los 3.485 homicidios de 2026 representan un aumento del 607 por ciento respecto a 2020, cuando se registraron 493 casos; un 635 por ciento frente a 2019 con 474 asesinatos; y un 683 por ciento en comparación con 2018, que reportó 445 muertes violentas. Incluso en relación con 2017, con 454 homicidios, el incremento alcanza el 668%.

En este contexto, el Gobierno implementó un toque de queda entre el 3 y el 18 de mayo en zonas priorizadas. Durante ese período, la Policía ejecutó 56 operativos contra estructuras criminales, como resultado, 717 personas fueron aprehendidas por vínculos con organizaciones delictivas y otras 3.422 fueron detenidas por distintos delitos, incluyendo 1.910 por incumplir la medida.

Asimismo, las autoridades informaron el decomiso de 405 armas de fuego, 5,9 toneladas de droga y 49.584 galones de combustible, lo que refleja la magnitud de las economías ilícitas asociadas a la violencia.

A pesar de estas acciones, la criminalidad se mantiene activa. La Fiscalía reportó 231.738 robos entre enero y mayo de 2026. De ese total, 88.902 correspondieron a robos a personas, 58.286 a motocicletas, 30.403 a vehículos y 15.684 a unidades económicas. Los datos también muestran que la violencia ya no se concentra únicamente en grandes ciudades. Según el Ministerio del Interior, 138 de los 222 cantones del país registraron homicidios, lo que representa el 62,2 por ciento del territorio nacional. Este indicador confirma una expansión geográfica del fenómeno.

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Esto implica que casi dos de cada tres cantones ecuatorianos registraron al menos un asesinato, mientras que solo 84 territorios no reportaron muertes violentas en ese período. La violencia letal se configura así como un fenómeno de alcance nacional.

A pesar de esta dispersión, ciertos territorios concentran mayores niveles de violencia. Guayaquil encabeza la lista con 944 homicidios, equivalentes al 27,1 por ciento del total nacional. Le siguen Machala con 193 casos, Durán con 156, Manta con 133 y Quito con 104.

La expansión también se refleja en la presencia de homicidios en cantones que históricamente registraban baja incidencia. Localidades como Isidro Ayora, Chaguarpamba, Palora, Loreto, Limón Indanza, Yantzaza y Centinela del Cóndor aparecen en los registros de 2026 con al menos un asesinato.

Además, se identifican corredores de violencia en distintas regiones. La Costa concentra la mayor cantidad de cantones afectados, especialmente en Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Esmeraldas. No obstante, la presencia de homicidios en la Sierra y la Amazonía confirma la extensión del fenómeno a nivel nacional.

En este escenario, los recientes ataques armados en Ibarra, Santa Elena y Guayaquil se insertan en una dinámica más amplia caracterizada por el aumento de homicidios, la diversificación territorial de la violencia y la persistencia de estructuras criminales.

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