El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) anunció la puesta en marcha de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM), integrada por 18 países aliados de América Latina y el Caribe. La iniciativa se enmarca en la estrategia «Escudo de las Américas» y tiene como presunto fin «contrarrestar las amenazas, fortalecer la seguridad regional y responder rápidamente a las crisis en todo el hemisferio occidental».

El jefe del Southcom, general Francis L. Donovan, explicó que la medida busca «sincronizar capacidades militares y aplicar una presión sostenida contra las redes que amenazan nuestra seguridad colectiva». El general de división de los Marines, Kevin Jarrard, asumirá la jefatura de dicha fuerza conjunta, la cual será dirigida por el organismo encargado desde Florida de las acciones militares para toda la región.

La JTF-WHEM integrará inteligencia, vigilancia, reconocimiento y coordinación multinacional para presionar a las organizaciones criminales. Además, «fortalecerá el intercambio de inteligencia, ampliará el entrenamiento conjunto, mejorará la interoperabilidad y apoyará las operaciones de interdicción marítima», manteniéndose preparada para brindar asistencia humanitaria.

Entre los países que se sumaron a la JTF-WHEM figuran Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú. La administración de Donald Trump impulsa este «Escudo de las Américas» desde el 7 de marzo, una estrategia que el mandatario rebautizó como «Doctrina Donroe», en alusión a la política decimonónica de James Monroe sobre la intervención estadounidense en la región.

Este enfoque ha generado dinámicas interregionales, donde naciones como Ecuador, Argentina, Guatemala y Panamá comparten modelos de seguridad y experiencias carcelarias como las implementadas en El Salvador. Sin embargo, la ofensiva militar ha generado controversia. El Pentágono inició en septiembre de 2025 una campaña de ataques contra lanchas que califica, sin ofrecer evidencia, como narcoterroristas, lo que ha derivado en 220 ejecuciones extrajudiciales.

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Al respecto, el senador demócrata Tim Kaine advirtió que «la administración Trump probablemente asesinó ilegalmente a personas que no están involucradas en el narcotráfico». Kaine exigió el fin de lo que consideró «una operación ilegal, costosa e ineficaz».

Paralelamente, se registran denuncias en el ámbito migratorio. El salvadoreño Edwin López Cornejo falleció en una cárcel de inmigración en Nueva Jersey, y sus familiares exigen una investigación independiente al afirmar que se le negó atención médica para tratar la diabetes. Al menos 56 inmigrantes han fallecido bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas desde el inicio de las políticas migratorias de la actual administración.

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