La población de entre 12 y 34 años no solo es la principal víctima de la violencia letal en Ecuador, sino también el objetivo prioritario de reclutamiento para las estructuras criminales que buscan asegurar su “continuidad generacional”.

De acuerdo con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026–2029: Ecuador Defiende, los grupos de 18 a 34 años concentran, en promedio, más del 57 por ciento de las víctimas de homicidios intencionales en el país.

Sin embargo, el incremento exponencial de asesinatos de adolescentes ha sido evidente: entre 2024 y 2025, los homicidios de menores de entre 12 y 17 años crecieron un 44,35 por ciento, pasando de 372 a 537 casos anuales.

El Ministerio del Interior por su parte declaró que “la violencia letal no solo se concentra en población relativamente joven, sino que se está desplazando hacia edades cada vez más tempranas. Esto demanda un mayor desarrollo e implementación de políticas integrales de prevención, protección y reducción del reclutamiento que prioricen de manera urgente a la juventud y adolescencia”.

El informe presentado por el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana identifica que el reclutamiento no es un evento aleatorio, sino un proceso sistémico que aprovecha las “condiciones de vulnerabilidad social y económica”.

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Los grupos de delincuencia organizada (GDO) utilizan a niños y adolescentes como “mano de obra”.

Las tareas “asignadas” a estos menores van desde el microtráfico de droga y la vigilancia territorial (“campaneros”) hasta la extorsión y el sicariato.

De acuerdo con medios locales, “el atractivo de estas estructuras suele basarse en promesas de éxito rápido frente a la falta de oportunidades legítimas”.

El Plan cita la investigación de Barragán Bórquez (2019), quien tras entrevistar a adolescentes en reclusión, identificó que uno de los principales atractivos del crimen organizado es la posibilidad de acceder a una vida de lujos.

“A pesar de su carácter efímero, esta promesa resulta más seductora que la precariedad y la falta de oportunidades que caracterizan sus contextos de origen”, refiere dicha investigación.

El pasado 17 de junio, dos menores de edad, de 15 y 16 años, camuflaron sus armas de fuego dentro de un peluche y un ramo de flores para evadir los controles del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil.

En este lugar asesinaron a Carlos Suástegui Villanueva, alias ‘Suástegui’, identificado como un cabecilla de la banda criminal Los Águilas (brazo armado del grupo delictivo Los Choneros).

Por otra parte, el “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana” advirtió que la normalización de la violencia se ha infiltrado en el tejido social a través de la denominada narcocultura, que presenta la ilegalidad como una vía de escape a la pobreza.

Dicho plan insiste que las redes sociales se han convertido en una herramienta de captación. Al citar al Unicef, el informe precisa que “las redes sociales y los medios digitales cumplen un rol en la difusión de la violencia de los grupos delictivos y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes”.

Entre tanto, el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO) resaltó que en contextos familiares, donde se evidencia falta de cuidado y supervisión adecuada, aumenta la probabilidad de que los niños se vean expuestos a dinámicas delictivas.

Asimismo el 43,5 por ciento de las personas privadas de libertad (PPL) tiene entre 18 y 30 años, lo que evidencia el “inicio temprano de la carrera delincuencial”, fruto del reclutamiento por parte de los GDO.

Sin un sistema de clasificación técnica eficiente, estos jóvenes suelen sufrir una “contaminación criminológica”, donde las prisiones, en lugar de rehabilitar, terminan funcionando como “nodos de coordinación criminal y reclutamiento”.

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