La relatora de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Andrea Bolaños Vargas, hizo un llamado al Estado de Ecuador para que garantice la seguridad de los defensores de derechos humanos, tras el asesinato de la activista Monika Silva.

La activista Monika Silva (Monika Martyna Koniuszek) fue hallada sin vida el pasado 8 de junio en Montañita, provincia de Santa Elena. En este sentido, Bolaños calificó el suceso como “emblemático de una crisis de inseguridad” que afecta a los activistas en el país.

A través de sus redes sociales, la relatora Andrea Bolaños instó al Gobierno de Ecuador a cumplir con acciones urgentes, entre ellas garantizar el derecho de las personas a promover, defender y proteger los derechos humanos, cesar la persecución, criminalización y vigilancia contra los defensores y brindar protección efectiva frente a amenazas, violencia e intimidación.

Asimismo, instó a reforzar los mecanismos institucionales de la Defensoría del Pueblo para respaldar a los activistas, enjuiciar a los responsables de violaciones contra defensores, asegurando que no haya impunidad y llevar a cabo una investigación rápida, exhaustiva, independiente y transparente sobre el asesinato de Monika Silva.

Bolaños subrayó que la muerte de Silva no es el único caso presente en Ecuador, pues diversos informes indican que otros defensores de derechos humanos están sufriendo hostilidad por parte del Estado. Según la experta, esta situación vulnera derechos consagrados en tratados internacionales, como el derecho a la vida, la libertad de expresión y la asociación pacífica.

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Monika Silva era reconocida por realizar denuncias de corrupción en la zona de Santa Elena. Debido a esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó que la investigación incluya una posible vinculación entre su asesinato y su labor de defensa.

A este pedido de justicia se sumaron también la Delegación de la Unión Europea en Ecuador y la Embajada de Polonia. Para la relatora de la ONU, asegurar la justicia en este caso es fundamental, ya que “las personas defensoras son aliadas de la democracia y la dignidad humana”.

Silva había denunciado presuntas irregularidades y posibles casos de corrupción, entre ellos redes de tráfico de tierras en Santa Elena. Desde las redes sociales advirtieron que no permiten que se anuncie que fue suicidio y exigen respuestas ante su muerte, ya que las autoridades quieren hacer ver que se quitó la vida, en vez de haber sido asesinada.

Silva denunció la venta irregular de más de 700 hectáreas en la zona privilegiada de Capaes, estos terrenos fueron presuntamente vendidos sin subasta en 2022 por el entonces alcalde Otto Vera Palacios por un valor de 6.2 millones de dólares.

El informe de la pericia médico-legal estableció que Silva no se quitó la vida, sino que fue víctima de un homicidio. Entre los hallazgos más significativos de la autopsia, se reportó la existencia de un surco a la altura del cuello y una fractura del hueso hioides.

Esas lesiones contradicen las declaraciones iniciales del ministro del Interior, John Reimberg, quien había declarado que Silva se había suicidado.

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