El canciller británico, Ed Miliband, confirmó este martes 13 de octubre la autorización formal para avanzar con el proyecto hidrocarburífero del yacimiento Sea Lion, en las Islas Malvinas. La concesión quedó a cargo de la empresa israelí Navitas y de la firma británica Rockhopper.

La decisión se conoció pocas horas después de que el Gobierno de Javier Milei confirmara la presentación de una demanda contra el Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, sin embargo el reclamo argentino no alteró los planes de Londres.

La medida dejó al descubierto la distancia entre la retórica soberanista desplegada por la Casa Rosada y su capacidad efectiva de frenar la explotación. Buenos Aires había advertido con sanciones a las empresas involucradas si las operaciones no se detenían, esas advertencias no surtieron efecto alguno.

El desarrollo contempla la perforación de 23 pozos en el sector norte del yacimiento, situado a unos 240 kilómetros al norte de las islas. Dos buques de producción flotantes operarán el área, la extracción está prevista para el próximo año, con una capacidad de hasta 180.000 barriles diarios de crudo en aguas de la plataforma continental argentina.

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Al vencerse ese plazo, la Cancillería recurrió al tribunal de Hamburgo y solicitó medidas provisionales. La respuesta británica fue inmediata. Londres ratificó la concesión y se amparó en su normativa colonial de 1994, una legislación que Buenos Aires no reconoce.

El aval de Miliband desconoce la jurisdicción soberana de Argentina sobre el archipiélago, que el Reino Unido ocupa pese a los reclamos de Buenos Aires.

La autorización también generó críticas dentro de la propia política británica. Desde el Partido Conservador cuestionaron la incoherencia del canciller laborista, que por un lado frena nuevas exploraciones energéticas frente a las costas de Escocia y en el Mar del Norte, y por otro habilita la extracción en el Atlántico Sur, al mismo tiempo que entrega las concesiones a una empresa israelí con la que la nación británica sostiene un reciente conflicto comercial por la prohibición de productos procedentes de asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada.

Con la luz verde de Londres, el consorcio avanza con los preparativos para iniciar la producción. El tribunal de Hamburgo deberá pronunciarse sobre las medidas provisionales solicitadas por Argentina, aunque la decisión británica ya fijó el rumbo de la explotación en la zona en disputa.

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