La ejecución de desahucios no cesa en España, a pesar de los decretos aprobados por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez para mitigar las emergencias habitacionales.

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El último episodio de alta tensión social se registró en la localidad de Sansomendi, en la provincia vasca de Álava, donde la Ertzaintza recurrió a la fuerza para expulsar de su domicilio a un matrimonio con seis hijos menores de edad.

El operativo policial derivó en intensos enfrentamientos cuando más de 300 personas, convocadas por el Sindicato de Inquilinas, se congregaron en las puertas de la vivienda para intentar frenar el lanzamiento.

Los efectivos antidisturbios emplearon defensas de goma, gases lacrimógenos y escudos para dispersar a los manifestantes, saldando la intervención con cuatro personas detenidas y la familia en la calle.

El desalojo en este barrio obrero de Sansomendi ejemplifica el complejo trasfondo legal y humano que rodea a la problemática de la vivienda en el país, al registrarse un choque entre dos partes en condición de vulnerabilidad.

Por un lado, la familia desahuciada tiene acreditada su situación precaria al contar con seis hijos menores y unos ingresos por debajo del umbral de pobreza, constituidos principalmente por 2.450 euros en ayudas públicas.

Por otro lado, la familia propietaria que reclamaba el inmueble para uso personal está integrada por un matrimonio —con la mujer embarazada— y un niño pequeño, quienes actualmente malviven en una habitación alquilada.

De igual manera, los dueños llevaban sin recibir el pago de la renta desde el año 2021, viéndose obligados a asumir en solitario el costo de la hipoteca durante todo este tiempo; ante este escenario, el juez autorizó el lanzamiento para devolver la vivienda humilde a sus legítimos propietarios.

Este suceso en Álava se suma a una preocupante estadística nacional, ya que en los primeros seis meses del año se ejecutaron 8.485 desahucios en España, de los cuales el 65 por ciento correspondía a familias que vivían en régimen de alquiler.

El fenómeno ha desencadenado movilizaciones masivas impulsadas por símbolos del movimiento social como la octogenaria Maricarmen Abascal, cuyo caso y posterior fallecimiento llegaron a movilizar a miles de personas, incluyendo acampadas en la céntrica Puerta del Sol de Madrid.

Las comunidades autónomas que registran el mayor índice de lanzamientos son Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía y la Comunidad de Madrid.

La tensión por los desalojos se extiende por diversos puntos de la geografía española con casos de gran impacto mediático.

Entre los episodios más recientes destaca el ocurrido el pasado 20 de octubre en el barrio del Clot, en Barcelona, donde se expulsó a Ghariba Nahri, una madre soltera con informe de vulnerabilidad que fue desalojada por un presunto error administrativo en el pago, pese a denunciar haber sido víctima de una estafa.

Asimismo, en la localidad valenciana de Burjassot, un profesor e investigador de la Universidad de Valencia fue desahuciado por orden judicial tras haber residido 18 años en el mismo departamento.

Con miles de expedientes de expulsión ejecutados y una creciente indignación social en las calles, el drama de los desahucios y la controversia sobre la eficacia de las medidas gubernamentales se han consolidado como el eje central de la discusión política en la antesala de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

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