Los partidos de izquierda y las formaciones ecologistas formalizaron este sábado 24 de octubre ante el Consejo de Estado un recurso de urgencia contra las restricciones que el Gobierno francés impuso al derecho de manifestación.

La impugnación alcanza la prohibición de concentraciones que el Ejecutivo tacha de ilegítimas y la alteración de las rutas sindicales, dispuesta sin análisis individualizados. La demanda llegó horas antes de las movilizaciones convocadas en todo el territorio.

De autoritarias e injustificadas calificaron los recurrentes las directrices del Ejecutivo de Emmanuel Macron. Vetar las movilizaciones y alterar las rutas sin ponderar cada convocatoria vulnera, sostienen, garantías básicas de reunión y de expresión.

El Ministerio del Interior respondió a la nueva jornada de protestas en Francia con un operativo de 70.000 policías y gendarmes. Blindados, helicópteros y cañones de agua integran el dispositivo, uno de los más extensos de los últimos años.

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En París, Lyon, Marsella, Limoges, Besançon y Orleans rigen toques de queda parciales y prohibiciones de concentración. Se decretaron además cierres preventivos en museos, espacios culturales y locales comerciales, un cerco poco habitual para una jornada de movilización social.

Las convocatorias estudiantiles y laborales podrían reunir hasta medio millón de personas en todo el territorio. Después de admitir errores en la actuación policial durante los choques del fin de semana anterior, que dejaron miles de arrestos y cuantiosos daños, el ministro del Interior, Laurent Núñez, intensificó el control territorial.

Quedó prohibido el acopio de materiales urbanos que puedan usarse como barricadas. El acceso a la plaza de la República y a Les Halles quedó restringido. Los sindicatos no cedieron. Pese a la presión de las prefecturas para desviar los trayectos, mantuvieron el recorrido tradicional de la Bastilla a la Nación.

De la reunión con el Ejecutivo, las agrupaciones estudiantiles de secundaria salieron sin acuerdos y ratificaron la continuidad de las protestas en Francia. Exigen respuestas concretas frente al empobrecimiento generalizado y la carestía que encarece la vida cotidiana y alimenta el malestar en las aulas y los barrios.

Más de 200 personas permanecen encarceladas por decisión directa y más de un millar enfrentan procesos por los incidentes precedentes, según confirmaron las autoridades. La cifra expone la apuesta del gabinete de Sébastien Lecornu por la vía penal. El endurecimiento de las sanciones acompaña ese giro.

Esa deriva represiva agrava el aislamiento del bloque gubernamental, los disturbios de la semana anterior ya habían revelado deficiencias en la actuación de las fuerzas de seguridad, reconocidas por el propio ministro, y la respuesta oficial fue redoblar la contención en lugar de abrir la negociación.

La crisis del costo de la vida golpea a estudiantes, trabajadores y familias de los barrios populares de las grandes urbes. La carestía de alimentos, vivienda y energía sostiene una movilización que ya no responde a una consigna puntual, sino a un hastío acumulado durante meses.

En las próximas horas, el Consejo de Estado deberá pronunciarse sobre el recurso. Las organizaciones confirmaron que las marchas se realizarán pese a los toques de queda, lo que anticipa una nueva prueba de fuerza entre la calle y un Ejecutivo decidido a contener el descontento con el aparato de seguridad.

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