El 80% de los españoles considera que hay que priorizar la vivienda como un derecho y no como un activo de mercado, mientras que el 79% entiende que habría que priorizar el acceso a la vivienda como un derecho constitucional, según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) elaborada en colaboración con el Ministerio de Vivienda de España.

El sondeo, divulgado con las elecciones generales ya convocadas para el 29 de noviembre y tras el impacto de recientes desahucios —como el de Maricarmen Abascal—, refleja además que el 86,9% de los ciudadanos dice que la situación de la vivienda en España les preocupa «mucho o bastante», al tiempo que el 76,3% opina que el Estado tiene que intervenir en el mercado para garantizar el acceso.

En cuanto a las preferencias residenciales, el 93,5% de los consultados prefiere vivir en una casa en propiedad frente a un 5,4% que prefiere el régimen de alquiler, según detalla el estudio realizado a partir de 6.019 entrevistas entre el 22 y el 30 de junio.

Actualmente, más de la mitad de la población (55%) ya es propietaria, con un 54% de estos que tiene la casa totalmente pagada, frente a un 24,1% que es inquilino y un 20% que reside en una vivienda cedida o sin coste.

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Desglosando las formas de tenencia, un 70,3% vive en su propia casa, un 13,4% en la de sus padres o suegros, un 5% con su pareja y un 4,5% en un piso compartido, mientras que dentro del mercado del alquiler un 39% paga a precio de mercado, un 32,7% por encima y un 23,6% por debajo.

El acceso a la protección oficial sigue siendo minoritario, ya que solo el 8,6% de los encuestados reconoce habitar una vivienda protegida, construidas en un 40,6% por promotores privados, un 16,7% por comunidades autónomas y un 14,4% por ayuntamientos, habiendo accedido un 36,3% mediante agencias o promotoras privadas y un 30,8% por procedimientos públicos.

A corto plazo, el panorama de compra muestra un freno considerable, el 80,6% no tiene planes de adquirir una vivienda en los próximos dos años debido a barreras económicas insalvables, el 80,7% carece de dinero para la entrada, el 71,3% no posee ingresos suficientes para las cuotas y el 63,5% no cumple los requisitos para una hipoteca, mientras que el 18,4% restante sí proyecta comprar, mayoritariamente con otra persona (63,5%) o mediante ayuda familiar o institucional.

La presión económica también se deja sentir entre los colectivos más jóvenes y los inquilinos, donde un 60,5% de quienes comparten piso o viven con familiares no prevé independizarse en los próximos doce meses debido al alto coste de los inmuebles.

En el terreno financiero, las rentas mensuales o hipotecas más frecuentes se sitúan entre los 700 y 999 euros para un 20,4% de los afectados, seguidas del tramo de 500 a 599 euros (13,7%) y de 600 a 699 euros (11,8%), destacando además que en los municipios de alta densidad un 13,1% de los encuestados paga entre 1.000 y 1.500 euros mensuales, reconociendo un 41,5% que esta situación les perjudica directamente y constatando que el 67% no tiene perspectivas de heredar una vivienda.

Más allá de la demanda general de construir más vivienda pública por parte de más del 91% de los consultados, el estudio radiografía un amplio respaldo a medidas de control y oferta, el 85,7% de los ciudadanos reclama mayores garantías a los caseros frente a los impagos, el 84,3% exige sacar más suelo urbanizable al mercado, y se registran apoyos específicos como el 77,1% de las mujeres a favor de congelar los alquileres durante dos años o el 61,9% de los jóvenes de 18 a 24 años partidarios de expropiar viviendas vacías.

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Asimismo, la investigación subraya que ocho de cada diez españoles respaldan limitar los pisos turísticos, recuperar vivienda pública vendida, como el caso de la Sareb, e impulsar iniciativas como ‘Casa 47’.

En el plano institucional y competencial, el 44,5% de los consultados señala al Estado como la administración que debería detentar las mayores competencias para mejorar el acceso a la vivienda, reflejando una clara centralización de las expectativas de solución.

Desde el Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, se ha destacado que este conjunto de datos demuestra que los ciudadanos «avalan las medidas del Gobierno para intervenir el mercado», interpretando que los resultados respaldan de forma transversal los objetivos del Real Decreto Ley impulsado por el Ejecutivo para incrementar la oferta pública y combatir la especulación inmobiliaria.

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