Ampliar derechos y no derechas: España adelanta elecciones en medio de protestas por acceso a vivienda
Al declarar disueltas las Cortes y convocar a elecciones el 29 de noviembre, Pedro Sánchez recalca la importancia de ganar amplia mayoría parlamentaria para torcer el brazo a las élites
Al convocar a elecciones, Pedro Sánchez llamó a la movilización ciudadana: “Toca movilizarse. Toca pelear”. Foto: EFE
5 de octubre de 2026 Hora: 19:50
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El rechazo en el Congreso de dos reales decretos leyes impulsados por el Gobierno para hacer frente a la crisis de vivienda terminó por precipitar el adelanto de las elecciones generales en España. Las iniciativas, sometidas a votación el 2 de octubre, fueron tumbadas con votos del Partido Popular (PP), Vox y Junts, en una derrota parlamentaria que evidenció las dificultades del Ejecutivo de Pedro Sánchez para reunir una mayoría en la Cámara capaz de respaldar proyectos de alcance popular.
La votación adquirió especial relevancia por la posición de Junts, formación que hasta tiempo atrás resultó clave para sostener la mayoría parlamentaria que permitió a Sánchez continuar al frente del Gobierno.
El revés dejó expuesta la fragilidad de los apoyos del Ejecutivo y su dificultad para sacar adelante incluso medidas vinculadas a una de las principales preocupaciones sociales del país: el acceso a la vivienda.
¿Y qué tiene que ver la crisis de vivienda?
La crisis habitacional se convirtió en el telón de fondo de esta nueva crisis política. Durante las últimas semanas, las protestas por las dificultades para acceder a una vivienda se extendieron por distintas ciudades españolas, mientras una acampada en la Puerta del Sol de Madrid se convirtió en uno de los principales focos de movilización. La tensión aumentó tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, hecho que generó una fuerte reacción social.
La señora llevaba más de siete décadas viviendo en el mismo piso del barrio madrileño de Retiro. Tras años de disputa por su contrato de alquiler y la imposibilidad de pagar una renta leonina impuesta por una pyme buitre, el 23 de septiembre se ejecutó el desahucio mediante una orden judicial. La anciana tuvo que abandonar la vivienda y fue trasladada en camilla a un hospital, una imagen que indignó a quienes se habían concentrado frente a su vivienda para impedir el desalojo y a miles de personas en todo el país.
El caso adquirió una dimensión mayor pues puso rostro a una problemática que afecta a miles de hogares: el temor a perder la vivienda ante el aumento de los alquileres y la dificultad para encontrar alternativas asequibles, por lo que el caso de Maricarmen fue asumido por organizaciones de inquilinos como un símbolo de la necesidad de reforzar la protección frente a los desahucios y evitar incluso suicidios, como ocurrió con Olga Matute (Barcelona). La señora de 54 años que vivía en el barrio de Santa Eulàlia se quitó la vida a inicios de septiembre, cinco meses después de ser desahuciada.
A partir de entonces comenzaron movilizaciones en Madrid y otras ciudades, mientras miles de personas instalaron una acampada en la Puerta del Sol para reclamar medidas frente a la crisis habitacional.
El rechazo de los decretos abre la puerta al adelanto electoral
En este contexto, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó dos reales decretos-ley con medidas destinadas a contener algunos efectos de la crisis. Entre ellas figuraban la prórroga de determinados contratos de alquiler, límites a las rentas, restricciones a la compra de viviendas por parte de grandes fondos y nuevas garantías frente a determinados desahucios, incluida la extensión de la protección hasta finales de 2030.
Sin embargo, ambas normas fueron rechazadas por el Congreso el 2 de octubre después de que PP, Vox y el partido conservador catalán Juts y el conservador Unión del Pueblo Navarro votaran en contra. El voto de Junts era decisivo para que los decretos pudieran salir adelante.
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El rechazo no significó la caída inmediata del Gobierno ni una moción de censura contra Sánchez. Tras la derrota parlamentaria, el presidente abrió un período de análisis para decidir el futuro de la legislatura y, finalmente, anunció la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026.
¿Qué medidas contemplaban los decretos de vivienda?
El Consejo de Ministros había aprobado dos reales decretos-ley con un amplio paquete de medidas para afrontar la crisis habitacional. Las propuestas incluían cambios en la duración y renovación de los alquileres, protección frente a determinados desahucios, restricciones a operaciones especulativas en el mercado inmobiliario, regulación de los alquileres temporales y turísticos, incentivos fiscales y mecanismos para facilitar el acceso a la primera vivienda.
El primero de los textos concentraba la mayor parte de las medidas negociadas con distintos grupos parlamentarios, mientras que el segundo estaba dedicado principalmente al sistema de renovación automática de los contratos de alquiler.
Renovación automática de los contratos
El segundo decreto incorporaba un mecanismo de renovación automática de los contratos de vivienda habitual por tiempo indefinido. La propuesta, defendida especialmente por Sumar y el Sindicato de Inquilinas, buscaba que el contrato pudiera mantenerse mientras el arrendatario cumpliera con sus obligaciones, salvo que el propietario acreditara una causa justificada para ponerle fin.
La fórmula tomaba como referencia experiencias de otros países europeos y el modelo de alquiler de Casa 47, la entidad pública que gestiona parte del parque residencial estatal con contratos de larga duración. Sin embargo, el Gobierno había señalado que esto no significaba trasladar automáticamente a los alquileres entre particulares los contratos de 75 años utilizados por esa entidad. El decreto también contemplaba garantías destinadas a proteger los derechos de los propietarios.
Límites a las compras por fondos inmobiliarios
Otra de las medidas buscaba limitar la adquisición de viviendas y edificios residenciales por parte de fondos y empresas dedicadas a operaciones inmobiliarias o a la compra de carteras de deuda, cuando estas no estuvieran vinculadas al alquiler asequible.
El Gobierno pretendía identificar las operaciones consideradas especulativas y establecer restricciones a este tipo de adquisiciones, aunque algunos detalles sobre la aplicación de la medida todavía no habían sido concretados. La propuesta pretendía reducir la utilización de la vivienda como activo de inversión y favorecer su destino residencial.
Prórroga de los contratos hasta 2028
Los decretos contemplaban una ampliación extraordinaria de dos años para determinados contratos de alquiler que estuvieran vigentes y fueran a finalizar antes del 31 de diciembre de 2028. La medida buscaba ofrecer mayor estabilidad a los inquilinos y evitar que la renovación de los arrendamientos derivara en incrementos difíciles de asumir.
Según las estimaciones manejadas durante la negociación, la extensión podía beneficiar a alrededor de cinco millones de personas.
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Protección frente a los desahucios hasta 2030
El paquete también ampliaba hasta 2030 la protección frente a determinados procedimientos de desahucio que afectaran a personas en situación de vulnerabilidad. Cuando el propietario fuera un pequeño arrendador, la Administración asumiría determinadas compensaciones relacionadas con la suspensión del desalojo, incluidos algunos impagos, suministros y daños.
La suspensión de los procedimientos debía revisarse cada año y podía mantenerse durante un máximo de tres años. La propuesta buscaba evitar situaciones como la protagonizada por la señora de 87 años que fue desahuciada de su vivienda en Madrid.
Nuevas reglas para los alquileres temporales
Los textos también buscaban someter los alquileres de temporada y por habitaciones a mayores controles para evitar que estas modalidades fueran utilizadas para eludir las reglas aplicables a la vivienda habitual.
Los contratos temporales debían responder a una causa concreta, real y acreditable. Si no existía una justificación válida, el arrendamiento podría pasar a considerarse de vivienda habitual. Para esta modalidad se establecía un período de entre 31 días y 12 meses.
Límites a las subidas de las rentas
Otra de las medidas establecía límites para las actualizaciones anuales de determinados contratos. En los casos en que la renta ya superara el máximo fijado por el índice de referencia, se planteaba congelar la actualización, mientras que para otros contratos se establecía un incremento máximo del 2%.
Menor IVA para la vivienda protegida
El paquete incorporaba una reducción del IVA al 4% para la construcción de vivienda protegida. El Gobierno defendía que esta rebaja podía contribuir a estimular nuevas promociones y ampliar el parque de viviendas destinadas a precios asequibles.
Mayor fiscalidad para los pisos turísticos
Los decretos establecían un IVA del 10% para determinados alquileres turísticos. La propuesta inicial había contemplado una tributación superior, pero las negociaciones con otros grupos llevaron a fijar finalmente ese porcentaje.
Además, se redefinía el concepto de alquiler turístico para incluir viviendas amuebladas promocionadas a través de canales especializados, siempre que la cesión no superara los 31 días.
Incentivos fiscales para los inquilinos
Las medidas incluían una deducción del 10 % para determinados jóvenes que alquilaran su vivienda habitual en zonas tensionadas y cumplieran los requisitos de ingresos establecidos. El beneficio fiscal tenía límites tanto en función de la renta del contribuyente como de la cantidad máxima que podía deducirse.
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Beneficios fiscales para propietarios
El paquete también modificaba el tratamiento fiscal de los pequeños propietarios con el objetivo de incentivar la reducción de los alquileres. Las deducciones previstas variaban según factores como las condiciones del contrato, la ubicación del inmueble y la edad del inquilino. También se contemplaban reducciones fiscales específicas para viviendas rehabilitadas y determinados contratos prorrogados.
Recargos sobre viviendas vacías y turísticas
Los decretos permitían aplicar recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a propietarios de viviendas desocupadas, especialmente cuando acumularan varios inmuebles residenciales. Los recargos podían aumentar si las viviendas llevaban varios años vacías. Asimismo, se contemplaban incrementos del impuesto para determinados inmuebles destinados al alquiler turístico en zonas tensionadas.
Préstamos para comprar la primera vivienda
El programa denominado TU CASA estaba dirigido a personas que no se encontraban en situación de vulnerabilidad, pero carecían del ahorro suficiente para adquirir su primera vivienda.
La iniciativa contemplaba préstamos sin intereses ni comisiones para cubrir hasta el 20% del precio del inmueble, con un límite de 50.000 euros. La financiación tendría una duración de diez años y estaría gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Más impuestos para las Socimis
Otra de las modificaciones afectaba a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis), empresas dedicadas a comprar y vender casas y procurar rápidos ingresos para beneficiar a sus activistas. El paquete planteaba elevar del 15 al 25% la tributación de determinados beneficios no distribuidos, con el propósito de aumentar la contribución fiscal de aquellas sociedades que no destinaran sus inversiones a vivienda social.
Más derechos para los inquilinos
Finalmente, los decretos reforzaban los derechos de tanteo y retracto de los arrendatarios. Esto les otorgaba prioridad para adquirir la vivienda que ocupaban cuando su propietario decidiera venderla y extendía esa posibilidad a determinadas operaciones de venta de edificios completos. El derecho pasaba además a tener carácter irrenunciable, de acuerdo con la propuesta incluida en el paquete legislativo y se ampliaba a la venta de edificios enteros.
Sánchez reclama más respaldo para avanzar con su agenda social
Sánchez reconoció que su Ejecutivo cometió errores y que pudo cumplir todos los objetivos que se había planteado. No obstante, sostuvo que aún quedan asuntos pendientes, entre ellos la vivienda y otras cuestiones sociales para las que era necesario contar con un respaldo parlamentario más amplio.
El presidente del Gobierno defendió la necesidad de que las próximas Cortes cuenten con una mayoría progresista capaz de respaldar nuevas medidas. “Debemos movilizarnos y lograr que el Parlamento nos dote una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar las élites, conquistar los derechos sociales y seguir transformando España”, señaló.
En un mensaje publicado en X tras anunciar el adelanto electoral, Sánchez contrapuso su propuesta política a la de sus adversarios y reivindicó su compromiso con el acceso a una vivienda asequible, los servicios públicos y los derechos sociales.
“Frente a sus áticos, sus recortes y su servilismo a las élites, nuestro compromiso con la gente”, escribió. El mandatario llamó además a la movilización ciudadana de cara a los comicios del 29 de noviembre: “Toca movilizarse. Toca pelear”.
